El caso Petro Urrego vs. Colombia: Cómo una sentencia creó un escenario de inseguridad jurídica nacional
El caso Petro Urrego vs Colombia se ha tornado en una providencia difícil de cumplir para el Estado colombiano, ya que suscitó una división entre dos de los tribunales de cierre más importantes del país, quienes asumieron posiciones opuestas. Mientras que la Corte Constitucional ha abogado por una v...
- Autores:
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Bettín Ballestas, Alfredo Rafael
Sánchez Solórzano, Camila Andrea
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El caso Petro Urrego vs Colombia se ha tornado en una providencia difícil de cumplir para el Estado colombiano, ya que suscitó una división entre dos de los tribunales de cierre más importantes del país, quienes asumieron posiciones opuestas. Mientras que la Corte Constitucional ha abogado por una vulneración a la soberanía y la primacía de la Constitución sobre la herramienta internacional, el Consejo de Estado ha tenido posiciones diversas, entre ellas una que había optado por adaptar nuestro ordenamiento a los parámetros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hasta la más reciente decisión de unificación proferida el 3 de diciembre de 2024 en la que se alineó a la postura de la Corte Constitucional. Sin embargo, las interpretaciones alrededor de la sentencia de la Corte Interamericana generaron una inseguridad jurídica nacional a la hora de decidir sobre los procesos disciplinarios contra servidores públicos elegidos democráticamente, porque al no existir una postura determinada en el escenario judicial sino dos posibles vías avaladas por la jurisprudencia, los operadores jurídicos no tenían certeza interpretativa frente a su procedimiento sancionatorio. |
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Bonilla Mora, A. (2024). Consejo de Estado ratifica facultad de la Procuraduría de sancionar a elegidos por voto. Cambio. https://cambiocolombia.com/poder/primicia-en-nuevo-fallo-consejo-de-estado-ratifica-facultad-de-la-procuraduria-de-sancionar Castaño Peña, J. A. (2022). El control de convencionalidad en Colombia. Estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Revista de Estudios Políticos, 197, 261-294. Congreso de la República de Colombia. (13 de febrero de 2002). Código Disciplinario Único. [Ley 734 de 2002]. DO: 44.708. Congreso de la República de Colombia. (28 de enero de 2019). Código General Disciplinario. [Ley 1952 de 2019]. DO: 50.850. Congreso de la República de Colombia. (29 de junio 2021). Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones. [Ley 2094 de 2021]. DO: 51.720. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. (29 de junio de 2023). 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Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-030 del 16 de febrero de 2023 (M.P. José Reyes Cuartas y Juan Carlos Cortés). Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-381 del 11 de septiembre de 2024 (M.P. Diana Fajardo Rivera). Corte Interamericana de Derechos Humanos. (26 de septiembre de 2006) Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Serie C No. 154. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (28 de noviembre de 2012) Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, núm. 257. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (30 de mayo de 1994) Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Serie C No. 52. Corte Interamericana de Derechos Humanos (28 de agosto de 2014). Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, núm. 282. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (24 de febrero de 2011 y 20 de marzo de 2013) Caso Gelman vs. Uruguay. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (12 de noviembre de 1997) Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2 de febrero de 1996 y 27 de agosto de 1998) Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Courtis, C. (2006). Observar la ley: Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica. Editorial Trotta (España). Echeverry, J. & Calderón, L. (2023). Análisis del caso Petro Urrego vs. Colombia y el choque jurídico entre el derecho interno colombiano y el derecho internacional público. Revista Universitas Estudiantes, ISSN 1794-5216, Nº. 28, 2023, págs. 107-122. Gálvez Álzate, M. (2023). El control de convencionalidad de las facultades de la Procuraduría General de la Nación frente al artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos: un análisis del cumplimiento del fallo Petro Urrego vs. Colombia tras la expedición de la Ley 2094 de 2021 y la Sentencia C-030 de 2023. 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Mientras que la Corte Constitucional ha abogado por una vulneración a la soberanía y la primacía de la Constitución sobre la herramienta internacional, el Consejo de Estado ha tenido posiciones diversas, entre ellas una que había optado por adaptar nuestro ordenamiento a los parámetros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hasta la más reciente decisión de unificación proferida el 3 de diciembre de 2024 en la que se alineó a la postura de la Corte Constitucional. Sin embargo, las interpretaciones alrededor de la sentencia de la Corte Interamericana generaron una inseguridad jurídica nacional a la hora de decidir sobre los procesos disciplinarios contra servidores públicos elegidos democráticamente, porque al no existir una postura determinada en el escenario judicial sino dos posibles vías avaladas por la jurisprudencia, los operadores jurídicos no tenían certeza interpretativa frente a su procedimiento sancionatorio.AbogadoPregradoThe Petro Urrego v. Colombia case has become a difficult ruling for the Colombian State to comply with, since it caused a division between two of the most important courts in the country, which took opposing positions. While the Constitutional Court has advocated a violation of sovereignty and the primacy of the Constitution over the international tool, the Council of State has had different positions, including one that had opted to adapt our legal system to the parameters of the American Convention on Human Rights, until the most recent decision of unification issued on December 3, 2024 in which it aligned itself with the position of the Constitutional Court. However, the interpretations surrounding the judgment of the Inter-American Court generated a national legal uncertainty when deciding on disciplinary proceedings against democratically elected public servants, because in the absence of a determined position in the judicial scenario but two possible ways supported by the jurisprudence, the legal operators had no interpretative certainty regarding their sanctioning procedure.application/pdfAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Acceso cerradoinfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbSistema Interamericano de Derechos HumanosConvención Americana sobre Derechos HumanosCorte Interamericana de Derechos HumanosDerechos políticosFuncionarios públicos de elección popularControl de convencionalidadCorte ConstitucionalConsejo de EstadoProcuraduría General de la NaciónPotestad disciplinaria340Inter-American Human Rights SystemAmerican Convention on Human RightsInter-American Court of Human RightsPolitical rightsElected officialsControl of conventionalityConstitutional CourtCouncil of StateOffice of the Attorney General of the NationDisciplinary powerEl caso Petro Urrego vs. Colombia: Cómo una sentencia creó un escenario de inseguridad jurídica nacionalThe Petro Urrego vs. Colombia case: How a ruling created a scenario of national legal insecurityDerechoUniversidad El BosqueFacultad de Ciencias Jurídicas y PolíticasTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaBonilla Mora, A. (2024). Consejo de Estado ratifica facultad de la Procuraduría de sancionar a elegidos por voto. Cambio. https://cambiocolombia.com/poder/primicia-en-nuevo-fallo-consejo-de-estado-ratifica-facultad-de-la-procuraduria-de-sancionarCastaño Peña, J. A. (2022). El control de convencionalidad en Colombia. Estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Revista de Estudios Políticos, 197, 261-294.Congreso de la República de Colombia. (13 de febrero de 2002). Código Disciplinario Único. [Ley 734 de 2002]. DO: 44.708.Congreso de la República de Colombia. (28 de enero de 2019). Código General Disciplinario. [Ley 1952 de 2019]. DO: 50.850.Congreso de la República de Colombia. (29 de junio 2021). Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones. [Ley 2094 de 2021]. DO: 51.720.Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. (29 de junio de 2023). 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Sentencia Radicado No. 11001032500020140036000.Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda (11 de octubre de 2023). Consejero Ponente César Palomino Cortés.Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda (8 de febrero de 2024).Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta (31 de octubre de 2024). Consejero Ponente Pedro Pablo Vanegas Gil.Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo (3 de diciembre de 2024). Consejero Ponente Luis Alberto Álvarez Parra.Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-712 del 17 de octubre de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio).Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-355 del 11 de junio de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo).Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-327 del 22 de junio de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-086 del 27 de febrero de 2019 (M.P. 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