Conflictos frente al control urbanístico de las playas. El caso de Pozos Colorados

Si bien el Código Civil no establece una definición legal para las playas y los terrenos de bajamar, sí los señala como bienes de dominio público, cuya destinación principal es el uso de todos los colombianos. Dicha norma ha sido desarrollada con posterioridad, siempre en el mismo sentido. No...

Full description

Autores:
Consuegra Vargas, María Alexandra
Velásquez Muñoz, Carlos Javier
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/61709
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/61709
http://bdigital.unal.edu.co/60520/
Palabra clave:
71 Urbanismo y arte paisajístico / Landscaping and area planning
state property
beach tourism
low tide land
public domain assets
urban development.
patrimonio del Estado
turismo de playa
terrenos de bajamar
bienes de dominio público
desarrollo urbano.
propriedade do Estado
turismo de praia
terras maré baixa
de propriedade pública
desenvolvimento urbano.
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Description
Summary:Si bien el Código Civil no establece una definición legal para las playas y los terrenos de bajamar, sí los señala como bienes de dominio público, cuya destinación principal es el uso de todos los colombianos. Dicha norma ha sido desarrollada con posterioridad, siempre en el mismo sentido. No obstante, el crecimiento urbanístico en estas zonas ha ido en aumento, lo cual ha privilegiado una actividad económica que, en ocasiones, va en contra del sentido de la norma con respecto a su destinación. Así las cosas, este artículo, resultado de una investigación sociojurídica, se encamina a explorar y describir la dinámica relacionada con el crecimiento urbanístico de un sector importante de playa ubicado en el Distrito de Santa Marta, la zona de Pozos Colorados, con la intención de analizar la legalidad de las actuaciones urbanísticas que se realizan allí, así como el ejercicio de las competencias de las autoridades que deben velar por su protección y control.