Territorialización del estatuto anticorrupción en Colombia. Un análisis desde los mapas de riesgo de corrupción (2017) (2018)
En los últimos años se reconoce el incremento de investigaciones judiciales asociadas a casos de corrupción tanto en el sector público como en el privado. La mayoría de ellas, han sido visibilizadas por los medios de comunicación, lo que genera escándalos mediáticos que impactan la confianza del ciudadano en lo público y sus instituciones. Esta tendencia mundial se ilustra para Colombia con casos como el Carrusel de la contratación en Bogotá, los recobros en el sistema de salud, Interbolsa, los Panamá Papers y, recientemente, los sonados procesos de Obredecht y el Cartel de la Toga. Este último para referirse al escándalo de corrupción en la justicia. En el nivel internacional, el último reporte del Índice de Percepción de la Corrupción –IPC- de Transparencia Internacional muestra riesgos de los países frente a la percepción de corrupción. Según el reporte, ningún país de los 176 evaluados en este índice se acerca a una puntuación del 100% en el 2016, siendo de 43 el promedio global, lo que ubica a la corrupción como un fenómeno endémico de lo público con efectos tangibles en la confianza ciudadana (Transparencia Internacional, 2016). Colombia aportó a la tendencia mundial. En los últimos años el país se mantiene en los puestos más bajos del índice en el que ocupa el puesto 90 de 176 países para el 2016. Su puntaje en los últimos cinco años ha permanecido constante aún con las recientes reformas para luchar contra la corrupción (Transparencia Internacional, 2015). De igual manera, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE- señaló en 2015 que los avances globales para combatir el soborno transnacional fueron mínimos. Y en el caso colombiano, insuficientes o de nula aplicación, por lo que recomendaron:  Aumentar el conocimiento del sector corporativo sobre medidas anticorrupción aplicables a los negocios (leyes, regulaciones y directrices).    Implementar iniciativas en el sector privado que articulen valores, políticas y procedimientos de conformidad con los Principios Empresariales para contrarrestar el Soborno (Transparencia Internacional, 2013), a fin de prevenirlo en todas las actividades empresariales.    Mejorar la recolección y análisis de las estadísticas relativas a la aplicación de la Convención. El Observatorio Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, debería utilizar la información de la que dispone para contribuir a una mejor comprensión del fenómeno de la corrupción en el país.  Mejorar e implementar una protección reforzada para los denunciantes, y mejorar el acceso a la información y los canales de denuncias para los ciudadanos. Establecer un marco jurídico sólido que proporcione protección para los denunciantes que informan sobre posibles casos de soborno transnacional (OCDE, 2015, p. 10). Otro organismo que evaluó recientemente el desempeño de Colombia en la lucha contra la corrupción fue la Organización de las Naciones Unidas –ONU- que, a través del Grupo de Examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, expresó como logros la aplicación de sanciones y la ampliación de los plazos de prescripción para los delitos de corrupción, la anulación de contratos por actos de corrupción y la cooperación con el sector privado. Sin embargo, mostró preocupación por los pocos avances logrados en materia de penas más fuertes, el alcance de delitos asociados al lavado de dinero, tipificación de otros delitos de corrupción, destitución y extradición de funcionarios, entre otros (ONU, 2014). También la Organización de Estados Americanos –OEA- le recomendó a Colombia en 2013, luego de la Cuarta Ronda de Evaluación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, i) mejorar las condiciones de investigación y sanción de las conductas delictivas asociadas a la corrupción, ii) mejorar la articulación de las entidades encargadas de luchar contra esta para que compartan información, iii) crear la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, iv) mejorar las acciones de coordinación institucional en el marco de la Comisión Nacional de Moralización, entre otras. En este sentido, los análisis de la Corporación Transparencia por Colombia –TPC- (2015a), expresan que los países que ocupan las primeras posiciones del IPC, presentan las siguientes características: altos niveles de libertad de prensa, acceso a información sobre el presupuesto público (incluye información de procedencia del dinero y tipo de gasto), altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos, órganos de control técnicos e independientes, y un poder judicial efectivo e independiente (TPC, 2015a). Estas características se inscriben dentro de las propuestas por Pope (2000): i) Legislatura electa portaestandarte de la lucha contra la corrupción y exigente ante la responsabilidad del Ejecutivo; ii) Ejecutivo que se caracterice por su integridad; iii) Poder judicial independiente; iv) Auditor general que actúa en representación de los ciudadanos y que no debe ser nombrado por el partido en el gobierno; v) Fiscal, libre de interferencias políticas, que reciba e investigue quejas sobre mala administración pública; vi) Agencias anticorrupción independientes, especializadas, con recursos y personal suficientes; vii) Servicio público al servicio del público, que sea imparcial, honesto y de carrera; viii) Gobierno local, donde los efectos de la corrupción son más visibles para el ciudadano común; ix) Medios de comunicación libres e independientes; x) Sociedad civil; xi) Sector privado corporativo y; xii) Actores y mecanismos internacionales. Ahora bien, Colombia y la mayoría de países de América Latina adolecen de estas características, “los niveles de corrupción son altos comparados con los de otras regiones en desarrollo” (Szelubski, 2009, p. 50). De ahí que este autor relacione la corrupción con los problemas democráticos de América Latina, indicando que estos tienen fundamento en el presidencialismo y la volatilidad de los partidos políticos. Además, plantea que “el déficit de la democratización es consecuencia de otros dos déficit: el de la ética pública y el de la equidad”. El problema de la corrupción en América Latina no proviene de la falta de leyes sino de su escasa aplicación, lo cual queda también reflejado en una inexistencia de controles a la corrupción (Szelubski, 2009, p. 48-50). Este autor finaliza su análisis indicando que son tres los factores que favorecen la corrupción en América Latina: 1) falta de delimitación de lo público y lo privado, 2) ordenamiento jurídico e institucional inadecuado a la realidad y 3) inoperancia de las instituciones. Aunque la corrupción es considerada como fenómeno multicausal, los estudios sistemáticos de Transparencia Internacional demuestran una relación entre este fenómeno y la débil institucionalidad de los países. Para el caso colombiano, esta debilidad institucional se caracterizaría por: mecanismos de control insuficientes, normatividad con poca capacidad vinculante, cultura política y de gestión asociada a hechos de corrupción, desinterés por acatar normas o acuerdos internacionales frente al tema, fuerte vinculación histórica entre clases políticas, gremios económicos, administración pública y grupos ilegales, además de la cultura del narcotráfico que permeó las estructuras e instituciones del poder público.