Más derechos, los mismos obstáculos: la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres un año después de la plena entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2008)
Tras el lanzamiento del informe Más allá del papel, Amnistía Internacional fue preguntada por los motivos de presentar un informe sobre violencia de género en España a los pocos meses de la aprobación de la Ley Integral. La organización explicó entonces que no se trataba de un informe “sobre la ley”, sino de un informe “acerca de la realidad” sobre la que la ley recientemente aprobada debía incidir y en el que se ponían de manifiesto obstáculos reales, encontrados y nombrados por las mujeres en sus itinerarios de huida de la violencia de género en la pareja, obstáculos todos ellos que la Ley Integral, en su desarrollo, debía eliminar. A pesar de la acogida positiva que tuvo el informe Más allá del papel por parte de las autoridades españolas, que sostuvieron reuniones con Amnistía Internacional la semana posterior a su presentación, la organización pudo detectar escollos a la hora de paliar algunos de los importantes obstáculos detectados. Un ejemplo de falta de voluntad política se refiere a la situación de vulnerabilidad y discriminación añadida de las inmigrantes indocumentadas víctimas de violencia de género. El 25 de noviembre de 2005 Amnistía Internacional hizo público un informe en el que mostraba honda preocupación por decisiones del Gobierno español, tomadas en desarrollo de la Ley Integral, que no sólo no paliaban la situación de desprotección y discriminación que sufría este colectivo con anterioridad a la aprobación de la citada ley, sino que venían a agravarla. Por ello Amnistía Internacional, cuando se cumple el primer aniversario de plena entrada en vigor de la Ley Integral, se ha preguntado por la implantación efectiva de las medidas previstas por la Ley Integral y en qué medida han servido para eliminar los obstáculos anteriores a la misma. El presente informe, que no pretende ser exhaustivo respecto a las diferentes medidas que prevé la Ley, tiene como objetivo responder a esas cuestiones y quiere ser una contribución para acercar la legislación y las políticas de Gobierno a la realidad de las mujeres que sufren la violencia de género, para que sus derechos sean efectivamente protegidos y sus necesidades realmente atendidas. Las raíces de la violencia de género son profundas y la modificación de patrones culturales y sociales ciertamente no se logra en el corto plazo. Sin embargo, hay elementos que sí puede evaluarse en el plazo de un año: el cumplimiento de la obligación del Estado de actuar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres “sin dilaciones” y “con todos los medios a su alcance”, la efectiva incorporación del enfoque de derechos humanos en el tratamiento de la violencia de género, la puesta en marcha de acciones para acabar con las discriminaciones añadidas de determinados colectivos de mujeres, o la implantación de medidas de protección, asistencia y justicia adecuadas a las necesidades de las mujeres. Este informe se presenta como un recorrido por los principales obstáculos que encuentran las víctimas de violencia de género. Este itinerario sólo puede comenzar por el ámbito del Estado al que acuden la práctica totalidad de las sobrevivientes de la violencia, y probablemente también las que un día fueron víctimas mortales de la misma: el ámbito sanitario. Porque, si bien sólo una minoría de las mujeres que sufren violencia de género la denuncian, “todas ellas ven mermada su salud, y en consecuencia todas acuden por un motivo más o menos directo en demanda de asistencia médica”. Este hecho convierte al ámbito sanitario en un espacio privilegiado de detección de la violencia y de atención a las víctimas.