El proceso de restitución internacional de menores: Una Convención ineficaz en Colombia (2016)
Mediante el Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores del 25 de Octubre de 1980, suscrito e incorporado al ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 173 de 1994, y en virtud de los principios de la Protección Integral y el Interés Superior del Niño, se pretendió que los Estados Parte adoptaran un procedimiento expedito que garantizara la restitución inmediata del niño sustraído por uno de sus padres, con el fin de protegerlo, en el plano internacional, de los efectos perjudiciales que ocasiona un traslado o una retención ilícita; esto en aras de garantizar la primacía de sus derechos fundamentales, en especial, el derecho a tener una familia y no ser separado de ella. Fue así como el Estado colombiano, en concordancia con este Convenio, expidió las Leyes 1008 de 2006 y la Ley 1098 de 2006, en las que se dispuso que el juez de Familia tiene, como plazo máximo para fallar un caso de restitución internacional de menores, el término de 2 meses, contados a partir del recibo de la demanda, del informe o del expediente según el caso , término que en la mayoría de los casos no se cumple. En tal situación se vulnera el debido proceso de los ciudadanos que acceden a reclamar justicia, los cuales tienen derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, y que se les garantice el acceso a la administración de justicia, derecho reflejado en una tutela judicial efectiva. Frente a esta vulneración sistemática de derechos fundamentales, la acción de tutela podría ser el medio eficaz pero excepcional para amparar los derechos del niño que priman sobre cualquier otro asunto, cuando no se ha decido de forma célere. Pero ¿por qué la Acción de tutela es el medio excepcional pero no menos importante para buscar amparar estos derechos?, y la respuesta puede ser muy simple, y es que hoy nos encontramos en la cultura del nuevo Código General del Proceso , el cual busca acabar con conductas amañadas, perversas de las partes y del director del proceso. Entrega herramientas procesales al juez como dador de justicia con el fin de que se materialice el debido proceso. (texto tomado de la fuente)