Los derechos humanos entre el discurso y la realidad: Los Derechos Humanos a la luz de la política de Seguridad Democrática (2002 - 2006) (2010)
El presente proyecto de investigación surge del interés por analizar la coyuntura política actual del país en materia de Derechos Humanos, los cuales a pesar de ser considerados por el gobierno como un tema poco relevante, constituyen uno de los más críticos para el conjunto de la sociedad civil colombiana. El trabajo pretende hacer un análisis de los conceptos seguridad, conflicto, derechos y derecho internacional humanitario, los discursos y el tratamiento político dado a los Derechos Humanos por parte de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez periodo 2002-2006 y las ONGs. Por tanto y en la actual política de “Seguridad Democrática” se percibe una gran influencia de las políticas de seguridad internacional aplicadas al caso colombiano, que se relaciona, primero con el conflicto interno y segundo con la afectación a los Derechos Humanos. Las políticas de seguridad externas, aplicadas a partir del atentado contra las torres gemelas en Estados Unidos, están enfocadas a disminuir en su totalidad las amenazas existentes contra la seguridad, no sólo interna de los ciudadanos estadounidenses sino del mundo, en el contexto colombiano se utilizan por ejemplo las detenciones individuales o masivas bajo el supuesto de una amenaza, la intervención en comunicaciones, las limitaciones en las movilizaciones, entre otras. Llegando a determinar que todo acto sospechoso en contra del Estado sea catalogado como una amenaza terrorista y terroristas quienes las ejecutan. Entonces frente a la credibilidad del actual periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez y en especial a su política de Seguridad democrática, donde las cifras con respecto a los secuestros, asesinatos e incursiones armadas ilegales, entre otras, han disminuido, se han escuchado versiones contrarias a la efectividad de este tipo de políticas por parte de sus opositores y no opositores. Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (ONGs) han demostrado con sus investigaciones y discursos propios que esas políticas de seguridad no han sido tan contundentes como se muestran y que, además, se han incrementado las violaciones a otros derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad por medio de las detenciones masivas y a la vida por las ejecuciones extrajudiciales. De este modo en el presente trabajo se procuró indagar hasta dónde la política de Seguridad democrática es tan efectiva cuando paralelamente a ella, se denuncian por medio de las ONGs actos como ejecuciones extrajudiciales y tratos crueles perpetrados por miembros del Estado, en especial de sus fuerzas de seguridad. La gran pregunta que resulta de estas dos interpretaciones, la del gobierno y ONGs, es quien está afirmando lo correcto o quien está distorsionando la realidad, por eso un propósito fundamental de este trabajo es mostrar las dos versiones y que lector trate de resolver este dilema. Lo que sí es cierto es que mientras nos quedamos en tratar de dilucidar dicha incertidumbre, los asesinatos de muchos ciudadanos(as) se siguen cometiendo dentro del conflicto, la tarea tratar de no olvidarlos y no dejarlos en la impunidad. Por tanto el trabajo se dividirá en seis secciones, con un orden específico, que nos permitirá comprender y llevar a cabo un hilo conductor de análisis y resultados encontrados. El primer capítulo titulado “Distinción, algo fundamental en el conflicto”, tiene como propósito indagar, aclarar y definir de manera precisa algunos términos políticos usados en el análisis del conflicto y en particular los discursos presidenciales. ¿Por qué su definición?, primero porque se ha creado una gran diversidad de interpretaciones en torno a ellos logrando generar confusión en la sociedad, con el agravante que gran parte de ésta no va más allá de la información de los medios masivos de comunicación. Segundo, términos tan importantes como Conflicto Armado, Derecho Internacional Humanitario, Estado Social de Derecho y la falta de conocimiento de los derechos constituidos en la Carta Política de 1991, hacen parte del desarrollo de este capítulo, ya que es fundamental aclararlos en el análisis político para demostrar, de manera seria y profunda, las desviaciones que se pueden presentar. Por ejemplo se analiza el concepto de Conflicto Armado, para mostrar que este se desconoce en la actualidad, presentándose a la sociedad solamente la idea de la existencia de amenazas terroristas por parte de los grupos guerrilleros. Demostramos en el trabajo que esto implica una serie de desconocimientos políticos que limitan posibles acuerdos humanitarios y soluciones al conflicto. De otra parte frente a las acciones militares que se efectúan contra estas amenazas terroristas, se incurre en la no aplicación del Derecho Internacional Humanitario, por ejemplo: se involucra a la población civil como parte del conflicto, no se diferencia entre combatientes y no combatientes y se somete a la población a la limitación de sus derechos más elementales y así sucesivamente con los otros términos que hacen parte de este capítulo. Por último presentar de manera generalizada el sistema de información y registro que manejan las entidades oficiales y no oficiales para conocer y aclarar desde que punto de vista las Ongs y las entidades del gobierno ven, estudian y definen las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El segundo capítulo titulado “Política de Defensa y Seguridad Democrática” hace un desarrollo y análisis de los aspectos más importantes del proyecto de seguridad presentado por el presidente en el año 2003, en donde se enfatiza de manera precisa en las características que tienen que ver con los objetivos, protección y aplicación de la Seguridad, la Democracia y los Derechos Humanos. De igual manera se analiza la carta y discurso leído por el presidente el día de la presentación del proyecto, enfatizando la posición presidencial y los caminos a recorrer con la implementación de éste. Por ejemplo: La Política de Defensa y Seguridad Democrática busca proteger a dirigentes y disidentes políticos, afianzando a la vez el marco democrático y las amplias posibilidades de participación ciudadana que establece la Constitución Política. “Requerimos eficacia con transparencia. Eficacia, que se mide en resultados, y transparencia, que se mide en la observancia de los derechos humanos. Tenemos la suerte en Colombia de contar con una Fuerza Pública respetuosa como ninguna en el continente de la democracia y del orden constitucional. La eficacia dentro de la transparencia y del acatamiento al ordenamiento jurídico es la base sobre la que debemos actuar”. Por último se hace un balance de las estadísticas en Derechos Humanos presentadas por el gobierno, por medio del Observatorio de Derechos Humanos de la vicepresidencia y la Fundación Seguridad y Democracia, en donde se demuestra por parte del gobierno un avance en la protección y defensa de los derechos, algunos ejemplos de ellos son, reducción del 24 % de los homicidios, 52% de las masacres, 35% de los secuestros, entre otras. El tercer capítulo titulado “Política de Indefensión y Seguridad Antidemocrática” se analizan los textos del sociólogo Francisco Leal Buitrago La Inseguridad de la Seguridad, Colombia 1958-2005; y de la socióloga MaríaTeresa Uribe y filósofa Liliana López en Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia”. En la medida que sus aportes han sido esenciales para el desarrollo del trabajo ya que nos dan elementos muy importantes para comprender con profundidad y rigurosidad, los análisis y términos que hemos venido desarrollando de la política de Seguridad democrática. Para Francisco Leal por ejemplo: “A raíz de las circunstancias de los atentados en Estados Unidos, España e Inglaterra entre otros, la idea de la seguridad del Estado vuelve a surgir, claro está con nuevas estrategias y líneas de acción. El enemigo está ahí pero no lo vemos, posee alta tecnología y, lo que lo hace criticable es que señala al otro como enemigo, que hace que seamos sospechosos ante estas nuevas estrategias. Por ejemplo el hecho de pensar diferente o mejor ser crítico de las mismas políticas del Estado, hacen sin diferenciar, señalamientos negativos y peligrosos” Por eso la necesidad de aclarar y entender el conflicto actual, saber cuál es la visión y acción gubernamental, para compararla con los principios internacionales y de defensa de los Derechos Humanos y determinar si el Estado cumple con ellos o los desconoce. Con respecto al análisis de María Teresa Uribe y Liliana López frente al uso del lenguaje en la guerra, hacemos una comparación - simulación de la manera como en la actualidad se usan los términos políticos desde los discursos presidenciales y la agresión asumida por éstos ante el conflicto y la oposición no sólo política sino armada. Por ejemplo que: “los relatos, los lenguajes políticos y las metáforas, van más allá del universo del lenguaje, sus consecuencias no son intelectuales y ligadas al mundo de la reflexión, al pensamiento y las maneras de nombrar las cosas sino que poseen una influencia real en las prácticas sociales y culturales, en las estrategias de acción política y por lo tanto en la capacidad para hacer la guerra o para acordar la paz”. Evocan a Mark Johnson para reflexionar e incidir en el uso y abuso de las palabras en la guerra cuando dice: Las palabras de la guerra también pueden matar. Específicamente cuando, desde la presidencia de la república, se pone en entre dicho las acciones de la oposición política y defensores de Derechos Humanos, poniéndolos en riesgo de ser estigmatizados y agredidos En el desarrollo del cuarto capítulo se hace un balance específico en torno a los resultados de los estudios realizados por parte de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) como, Plataforma Colombiana, la Comisión Colombiana de Juristas y la Organización de las Naciones Unidas sobre la violación de los Derechos Humanos. Con el propósito de comparar las cifras estatales y demostrar cómo en otros derechos fundamentales el aumento de la violación de éstos es cada vez mayor, sin mencionarse en los informes oficiales, por ejemplo: la persecución y estigmatización de diversos sectores sociales y organizaciones legales, el desmonte del Estado social de derecho con reformas en lo laboral, pensional, tributario y social, la criminalización de la protesta social, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y desapariciones forzadas. “La situación de los Derechos Humanos en Colombia se caracterizó en una serie de VIOLACIONES GRAVES. Por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas asociadas a violaciones vinculadas a la administración de justicia y a la impunidad. Se llevaron a cabo detenciones arbitrarias. torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, violación a la libertad de expresión, violaciones por acción u omisión de servidores públicos en conductas perpetradas por paramilitares”. Informe O.N.U 2006. El quinto capítulo, que tiene como título “La responsabilidad estatal”, se basa en un análisis y relación del documento redactado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, titulado “Las obligaciones del Estado y de los particulares frente a los Derechos Humanos”. El documento de manera clara enfatiza en los deberes y obligaciones que el Estado colombiano debe tener frente a la sociedad en general y viceversa con respecto al Estado. Con el propósito de demostrar que aun en casos de emergencia (como los de Seguridad), en el Estado colombiano debe primar la protección y respeto por los derechos, como dice el informe: “No puede invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de lo pactado”. “Debe reconocerse que, desde la ética y el derecho, la peor y más injusta de todas las violencias es la del Estado, ya que éste existe para respetar y garantizar los Derechos Humanos y no para todo lo contrario”. Sexto y último capítulo tiene que ver con las conclusiones finales del trabajo, donde tomamos como reflexión las afirmaciones escritas por Michael Ignatieff en su libro EL MAL MENOR. Ética Política en una Era de Terror a raíz del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y los resultados conclusivos de cada uno de los capítulos. Pudimos demostrar, de acuerdo con la hipótesis planteada para el trabajo, que en efecto la brecha que se presenta en los informes del Estado en torno a la política de Seguridad democrática y las organizaciones no gubernamentales (ONGs) es evidente y los resultados de ambos organismos no concuerdan, pero tampoco podemos afirmar de manera tajante quien tiene la razón, el lector sacará sus propias conclusiones. El Estado resalta el hecho de la efectividad de su política de Seguridad democrática, de manera parcializada en ciertos derechos, pero no reconoce que en la efectividad y resultados exigidos muchos de sus funcionarios o autoridades se extralimitan en sus funciones y agresiones, con el agravante que para el mismo Estado éstas actitudes son propias de la seguridad general frente a la individual y que se convierten, en palabras de Ignatieff, en un Mal menor. Las ONGs en cambio denuncian de acuerdo con sus apreciaciones las violaciones a los Derechos Humanos que el Estado colombiano en cabeza de sus Fuerzas Armadas está cometiendo contra la población civil, con asistencia y presencia de grupos irregulares como los paramilitares en masacres, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales, como es el caso de San José de Apartadó perpetrado en el 2005 contra ocho de sus integrantes, entre otros. Por tanto, se cree que la política de Seguridad democrática ha sido convertida, en la actualidad, en una cortina de humo, que oculta los abusos de las autoridades y desconoce en su esencia los propósitos de garantizar las libertades y defender los Derechos Humanos, como se puede deducir de los informes nacionales e internacionales de las ONGs de derechos humanos.