El derecho a la alimentación desde la contratación pública de servicios sociales de suministro
El Estatuto General para la Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, actúa como la directriz que normatiza los procesos de contratación en Colombia y constituye el punto de partida para la compra de bienes y servicios en las instituciones públicas; además, es una de las herramienta...
- Autores:
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Bejarano-Roncancio, Jhon Jairo
Forero-Pérez, Luz Amanda
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/65409
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/65409
http://bdigital.unal.edu.co/66432/
- Palabra clave:
- 61 Ciencias médicas; Medicina / Medicine and health
Feeding
Contracts
procurement
Food Security
Nutritional Rights
Alimentación
contratos
seguridad alimentaria
derechos nutricionales.
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Summary: | El Estatuto General para la Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, actúa como la directriz que normatiza los procesos de contratación en Colombia y constituye el punto de partida para la compra de bienes y servicios en las instituciones públicas; además, es una de las herramientas jurídicas más importante de actualización de la gestión pública. Su objetivo es contribuir a la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, a la moralización de la gestión y a la economía en el proceso de contratación estatal, desde sus principios rectores en el marco de la buena fe. Para el caso de la contratación del suministro de alimentación en contextos públicos, el objetivo que busca el Estado, a través de sus programas y proyectos de asistencia, es el de viabilizar la Política Nacional de Seguridad alimentaria y nutricional –la alimentación como derecho–, mitigar el hambre y mejorar, de alguna manera, las condiciones nutricionales y de salud colectiva de poblaciones excluidas y vulnerables por pobreza. Teóricamente, esto genera unas garantías sociales y económicas para el país en materia de desarrollo. |
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