Análisis de la responsabilidad del estado por privación Injusta de la libertad en el periodo 2002–2010, política de seguridad democrática
La determinación de responsabilidad del Estado por privación injusta, en los casos en que, como producto de la implementación de la política de Seguridad Democrática, en el periodo 2002 - 2010, a título de detención preventiva, se le ha restringido la libertad a una persona que posteriormente fue ex...
- Autores:
-
Vega Laguna, Diana María
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/62796
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/62796
http://bdigital.unal.edu.co/61991/
- Palabra clave:
- 300 - Ciencias sociales
320 - Ciencia política (política y gobierno)
340 - Derecho
Privación injusta de la libertad
Criminología mediática
Política de seguridad de democrática
Justicia Penal
Política criminal
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Summary: | La determinación de responsabilidad del Estado por privación injusta, en los casos en que, como producto de la implementación de la política de Seguridad Democrática, en el periodo 2002 - 2010, a título de detención preventiva, se le ha restringido la libertad a una persona que posteriormente fue exonerada por sentencia absolutoria o su equivalente, ya sea, porque el hecho no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque la conducta no constituía hecho punible, ha llevado al Estado a afrontar cuantiosas condenas pecuniarias como producto de numerosos litigios contenciosos. De ahí, proviene la existencia de una tensión entre la legalidad procesal y la valoración de lo injusto. Polémica que, en términos teóricos, sostiene que un daño se presenta cuando la víctima no está obligada a soportar la lesión de un interés patrimonial garantizado por una norma jurídica, y que, por tanto, la comisión de dicho daño genera responsabilidad objetiva del Estado. Esta situación presiona negativamente la sostenibilidad de las finanzas públicas y pone en entredicho los fines y alcances de la política criminal del Estado. (texto tomado de la fuente) |
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