Más por menos: El trabajo precario de las mujeres en las cadenas de producción globalizadas (2004)
La globalización ha introducido a millones de mujeres de los países en desarrollo en el mundo del trabajo. Trabajan en las cadenas globales de producción de las empresas multinacionales, produciendo mercancías que impulsan el crecimiento de las exportaciones: recogen y envasan fruta, cosen prendas de vestir, cortan flores y montan juguetes. Estos trabajos podrían aportar a las mujeres los ingresos, la seguridad y el apoyo que necesitan para salir de la pobreza junto con sus familias. Por el contrario, se les niega sistemáticamente la participación que les corresponde en los beneficios que genera la globalización. Los contratos –en el caso de que los tengan– son de corta duración y la mujer trabaja a un ritmo frenético a cambio de un salario muy bajo, en condiciones insalubres. Se ve obligada a realizar muchas horas para ganar lo suficiente como para sobrevivir. La mayoría no goza de baja por enfermedad o por maternidad, pocas están amparadas por alguna cobertura sanitaria o de desempleo y aún menos consiguen ahorrar para el futuro. En lugar de apoyar el desarrollo a largo plazo, el comercio fomenta la inseguridad y la vulnerabilidad de millones de mujeres trabajadoras. La dura realidad a la que se enfrentan las trabajadoras pone de relieve uno de los fallos patentes del actual modelo de globalización. A lo largo de los últimos 20 años, se han ampliado y fortalecido espectacularmente los derechos (jurídicos) de las poderosas entidades corporativas. A través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de los acuerdos comerciales regionales y bilaterales, las empresas disfrutan ahora de protección para sus derechos de propiedad intelectual a escala mundial. Como inversores, estas mismas empresas están protegidas jurídicamente frente a una amplia gama de posibles acciones de los gobiernos. Los derechos de los trabajadores han evolucionado en sentido contrario. Y no es casual que el ascenso de los contratos “flexibles” haya ido parejo al aumento del número de mujeres trabajadoras, a menudo inmigrantes. El resultado es que los derechos de las empresas son cada vez más fuertes, mientras que los derechos y la protección de las personas en el trabajo se debilitan, y las mujeres están pagando los costes sociales de todo ello. El núcleo de muchas estrategias de empleo de las cadenas de producción globales es la explotación de las circunstancias de la población vulnerable, ya sea de manera intencionada o no. Es evidente que los grupos sociales vulnerables necesitan desesperadamente trabajar para poder salir de la pobreza y la desigualdad. Pero si la manera de contratarlos convierte su vulnerabilidad en una excusa para pagarles menos, haciéndoles trabajar más horas y en condiciones más duras, sin darles los subsidios que les corresponden legítimamente, el trabajo no les servirá para salir de la pobreza. El resultado es un cambio gradual, pero fundamental, en el beneficiario del comercio bajo el modelo de globalización imperante. Las ventajas de la flexibilidad de que gozan las empresas al final de las cadenas globales de producción son a costa de la precariedad del empleo en el otro extremo de la cadena. Si éste es el futuro del trabajo orientado a la exportación en los países pobres, el comercio no cumplirá con su auténtico potencial para reducir la pobreza y la desigualdad de género. El estudio llevado a cabo por Oxfam con socios de 12 países, ha supuesto la realización de entrevistas a cientos de mujeres trabajadoras y a muchos jefes de fábricas y de explotaciones agrícolas, a agentes de las cadenas mundiales de producción, al personal de empresas minoristas y de grandes marcas, a sindicatos y funcionarios gubernamentales. Ha puesto de manifiesto cómo los minoristas (supermercados y grandes almacenes) y las marcas de ropa utilizan su poder en las cadenas de producción para trasladar sistemáticamente los costes y los riesgos a los productores, quienes, a su vez, los desplazan a las mujeres trabajadoras. En el Capítulo 1 se explican las repercusiones de todo ello en las mujeres y en sus familias: • En Chile, el 75% de las mujeres del sector agrícola trabaja con contratos temporales, recogiendo fruta durante más de 60 horas a la semana durante la temporada. Pero una de cada tres sigue ganando menos del salario mínimo. • Menos de la mitad de las mujeres empleadas en el sector de la exportación de textiles y de prendas de vestir en Bangladesh tiene contrato de trabajo y la gran mayoría no tiene bajas de maternidad o cobertura sanitaria... Pero el 80% teme el despido si se queja. • En la provincia china de Guangdong, una de las regiones industriales de crecimiento más rápido de todo el mundo, las jóvenes hacen 150 horas extras al mes en las fábricas de confección, pero el 60% no tiene contrato de trabajo y el 90% no tiene acceso a la seguridad social. Las repercusiones de esta inseguridad en el empleo van más allá del lugar de trabajo. Todavía se considera que las mujeres deben ocuparse de criar a los hijos y cuidar a los familiares enfermos y a los ancianos aunque trabajen fuera de casa. Soportan una doble carga y apenas reciben ayuda de sus gobiernos o empresarios para llevarla dignamente. La presión que sufren puede acabar con su salud, desestructurar a su familia y minar las posibilidades de que sus hijos accedan a un futuro mejor. El resultado: precisamente a las trabajadoras que constituyen la columna vertebral de la generación de riqueza en muchos países en vías de desarrollo se les arrebata su parte de los beneficios que el comercio les podría deparar. Sufren las consecuencias los trabajadores tanto de los países ricos como pobres. Las mujeres e inmigrantes de las comunidades pobres de los países ricos –como las trabajadoras agrícolas de EE.UU. y Canadá y las que se llevan el trabajo a casa en el Reino Unido y Australia– padecen igualmente condiciones de contratación muy precarias en los sectores sometidos a la competencia comercial. La presión de la competencia que ejercen las importaciones de bajo coste es claramente una de las razones, pero también interviene la presión que comporta trabajar en el eslabón más bajo de la cadena de abastecimiento mundial de una gran cadena de venta al público, tanto si ésta compra en el extranjero como en casa. Una de las causas básicas de estas condiciones precarias es el nuevo modelo empresarial que ha surgido con la globalización, y que se describe en el capítulo 2. Las empresas minoristas y las grandes marcas se han erigido como la poderosa bisagra entre los consumidores y los productores del mundo. Sus cadenas de producción globales se extienden desde las estanterías de los supermercados y de las tiendas de ropa de los principales centros comerciales del mundo a las explotaciones agrícolas de fruta y verdura de América Latina y África y las fábricas de confección de ropa en el Norte de África y China. Wal-Mart, la cadena de hipermercados más grande del mundo, que lidera este modelo, compra productos a más de 65.000 proveedores de todo el mundo y los vende a más de 138 millones de consumidores cada semana en sus 1.300 tiendas repartidas en 10 países. La globalización ha reforzado enormemente la capacidad negociadora de las cadenas de tiendas minoristas. Las nuevas tecnologías, la liberalización del comercio y la movilidad de los capitales han aumentado de forma espectacular el número de países y de productores a los que pueden adquirir sus productos, creando un sector productivo de proveedores que crece indefinidamente y que se disputan un puesto en las cadenas de producción. Al mismo tiempo, las fusiones y adquisiciones internacionales y las estrategias agresivas de fijación de los precios han concentrado el poder del mercado en manos de un puñado de grandes grupos empresariales que ahora construyen imperios internacionales. Éstos tienen un poder enorme a la hora de negociar con los productores y lo utilizan para trasladar los costes y los riesgos del negocio a los eslabones más bajos de la cadena de abastecimiento. Su modelo empresarial, centrado en el máximo beneficio para el accionista, exige cada vez más flexibilidad a través de una entrega “al momento”, pero con un control más estricto de los inputs y los estándares, junto con unos precios cada vez más bajos. Bajo estas presiones, los directores de las fábricas y de las explotaciones agrícolas desplazan los costes y los riesgos a los eslabones más débiles de la cadena: la mano de obra que contratan. Para muchos productores, la estrategia laboral es muy sencilla: que sea flexible y barata. Para hacer frente a la oscilación de pedidos y a la caída de precios, contratan trabajadores y trabajadoras con contratos de corta duración, exigen objetivos exagerados y subcontratan en la economía informal a productores que están fuera de la normativa y son invisibles. Presionados para cumplir plazos de entrega muy ajustados, exigen que los trabajadores inviertan muchas horas para cumplir las fechas de envío pactadas. Y para minimizar la resistencia, contratan a las trabajadoras con menos probabilidades de sindicarse (mujeres jóvenes, a menudo emigrantes e inmigrantes) y amenazan o despiden a las que se atreven a defender sus derechos. A la vista de estas fuertes presiones comerciales, los gobiernos deberían fortalecer la protección de los derechos de las trabajadoras. Por el contrario, muchos han comerciado con ellos hasta vaciarlos de contenido, ya sea por medio de leyes o en la práctica. Presionados por los inversores locales y extranjeros y por las condiciones de los préstamos del FMI y del Banco Mundial, con demasiada frecuencia han permitido que las normas del trabajo se definiesen de acuerdo con las exigencias de flexibilidad de la cadena de compra: mayor facilidad de contratación y de despido, más contratos de menor duración, menos subsidios y más horas extras. Ello genera una ventaja a corto plazo para el comercio, pero con el riesgo de un coste a largo plazo para la sociedad. Cada vez más, las empresas exhiben “códigos de conducta” que aseguran a los consumidores que se preocupan de que se respete la legislación laboral a lo largo de toda la cadena. Pero las auditorias que realizan en sus fábricas y explotaciones agrícolas siguen centrando su atención en documentar los problemas laborales que existen sin preguntarse por qué persisten. Intervienen muchos factores, desde una dirección deficiente a una legislación nacional laxa. Pero una de las raíces del problema, ignorada durante demasiado tiempo, es la presión de las empresas distribuidoras y de las marcas debido al tipo de prácticas de compra que imponen a la cadena de proveedores, que deterioran las mismas normas del trabajo que dicen apoyar. Cuando nos quedamos horrorizados de las condiciones de trabajo infrahumanas de las fábricas de confección deberíamos preguntarnos ¿quién las generó? La presión que sufren las trabajadoras se inicia lejos de los locales de la fábrica y va bajando por la cadena de compra a través de las estrategias de las cadenas minoristas y marcas comerciales descritas en el Capítulo 3. Su exigencia de entrega “al momento” ha reducido un 30% los tiempos de producción en cinco años...y genera pedidos más pequeños y menos previsibles y costes de transporte aéreo elevados en los casos de incumplimiento de plazos. Las fábricas de Marruecos que producen para Induyco y El Corte Inglés, la cadena de grandes almacenes más importante de España, deben entregar muchos de los pedidos en menos de siete días. “Las tiendas tienen que estar siempre llenas de diseños nuevos”, decía un responsable de la planificación de la producción. “Hacemos lo imposible por cumplir los plazos... Nos jugamos la imagen”. Pero la imagen que ocultan es la de las jóvenes que trabajan hasta 16 horas al día para cumplir esos plazos, recibiendo un 40% menos por las horas trabajadas fuera de su horario habitual. “Una de las chicas está embarazada de siete meses y trabaja diez horas al día”, comentaba una trabajadora de la confección, “y como tiene que hacer un montón de piezas por hora, el encargado no le deja ir al lavabo. Para ella es una auténtica tortura, pero no se puede permitir el lujo de perder el trabajo.” En todos los países, la caída de los precios (para los productores de prendas de vestir ha sido del 30% en tres años) aumenta la presión para recortar los costes; la solución preferida, aunque oculta, es subcontratar la producción a talleres cuyas condiciones son mucho peores. Y cuando los compradores no aseguran pedidos para el futuro, sus intenciones de mejorar las condiciones laborales suenan huecas. No es de extrañar que muchos directivos falsifiquen los documentos e intimiden a las trabajadoras para que contesten las preguntas “correctamente”. La industria de productos frescos –fruta, verduras y flores– es intrínsecamente arriesgada, pero las duras negociaciones que imponen los supermercados pueden incrementar todavía más esta apuesta. Como muestra el capítulo 4, los campesinos de todo el mundo se ven obligados a cargar con los costes y riesgos cada vez que los supermercados establecen los precios mucho después de que se haya embarcado el producto, cuando exigen relaciones de exclusividad pero anulan el pedido, y cuando hacen promociones a precios bajísimos para alcanzar sus objetivos de ventas. “Es la única parte del pastel que nos queda, los costes de la mano de obra”, decía un productor de manzanas sudafricano que exporta a Tesco, el mayor supermercado del Reino Unido. “Si ellos nos exprimen, ese es el único lugar donde podemos exprimir nosotros”. No es de extrañar pues, que los agricultores como él contraten temporalmente cada vez más a mujeres para que trabajen 11 horas al día en el campo a cambio de salarios de pobreza, sin bajas por enfermedad o maternidad y sin seguridad en sus ingresos. Ya es hora de conseguir un comercio con justicia En la campaña de Oxfam Por un Comercio con Justicia estamos uniendo esfuerzos, con organizaciones de todo el mundo, para exigir que las mujeres que trabajan en las cadenas de producción de algunas de las compañías más poderosas del mundo obtengan la parte que les corresponde de los beneficios que genera el comercio. Sus experiencias y luchas constituyen el núcleo de este informe y de nuestra campaña internacional. Todos nosotros exigimos: • Que las compañías respeten los estándares laborales en toda la cadena de producción, también en la parte que sea deslocalizada y que su política comercial considere especialmente el impacto que tienen sus prácticas de compra y aprovisionamiento en la forma en que los productores contratan y tratan a sus trabajadoras. • Que los productores y proveedores de todo el mundo ofrezcan puestos de trabajo dignos a sus empleados, lo que incluye respetar el derecho de las trabajadoras a sindicarse y a negociar convenios colectivos y a eliminar la discriminación de las mujeres trabajadoras. • Que los gobiernos del Norte y del Sur dejen de comerciar con los derechos de los trabajadores jurídicamente y en la práctica, y que hagan cumplir las normas internacionales del trabajo para fomentar trabajos dignos que favorezcan la reducción de la pobreza, la igualdad de género y el desarrollo. • Que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial promuevan los derechos de los trabajadores en todas sus operaciones, en tanto que es una herramienta fundamental para la reducción de la pobreza y para una mayor igualdad de género. • Que los inversores institucionales –accionistas y fondos de pensiones– utilicen su poder en los mercados de inversión para promover prácticas en las cadenas de producción que respeten las normas internacionales del trabajo. • Que los consumidores reclamen a las cadenas de distribución y grandes marcas que garanticen que sus prácticas de compras respetan los derechos de los trabajadores en lugar de deteriorarlos.