La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente a la protección de los Derechos Fundamentales

Sin lugar a dudas, la creación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aparece como necesaria, ya que se constituye en un instrumento de control de la legalidad de los pronunciamientos de la administración, llevando consigo que también se garantice la protección de los derechos fundamentales en los actos de la administración como fin esencial del Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta que estos derechos se caracterizan por ser universales, indivisibles y solidarios, como desarrollo de la declaración universal de derechos del hombre y del ciudadano. Con la constituyente de 1991, se introduce en la Carta Política, atendiendo el afán de asegurar el reconocimiento de estos derechos y la protección de los individuos, un cuerpo colegiado para esta tarea, como lo es la Corte Constitucional. Siendo su esfuerzo baladí, ante una crisis judicial, que en ocasiones enfrentan organismos colegiados como dicha corte y la Corte Suprema de Justicia en sus definiciones constitucionales y ordinarias, lo que genera que se deriven y se erijan los pronunciamientos constitucionales encontrados en la mayoría de las veces. Lo anterior refleja en la sociedad inseguridad jurídica, teniendo en cuenta que se profieren fallos constitucionales por parte de los operadores de justicia de primer orden (en este caso jueces civiles, laborales o penales), que conocen de asuntos administrativos a través de las acciones de tutela, de grupo o de cumplimiento, que se interponen contra los actos administrativos propiamente dichos o fallos de procesos administrativos ordinarios, que desdibujan los presupuestos procesales de la jurisdicción contencioso administrativa ya reglada con anterioridad, al presentar decisiones fundamentadas en una visión del orden social “justo”, que derivan consecuencias fatales al erario público, lo cual se vislumbrará en este trabajo de investigación cuando se trate el tema de fallos de tutela que ordenan reintegros de personal administrativo por ejemplo, cuando ya se han vencido los términos de las acciones administrativas como tal, lo que ocasiona una sensación social de incertidumbre, es por ello que mis ideas apuntan a analizar dicha problemática. Lo anterior me permite concluir, que se ponen en riesgo postulados que entraña la sociedad y los principios fundantes del mencionado Estado Social de Derecho, como son la confianza, pues resulta absurdo que propendiendo la protección de los derechos fundamentales se genere el desconocimiento de los procedimientos administrativos, así por ejemplo, si estamos frente a una demanda de acción y restablecimiento del derecho, en el proceso éste, se analiza indiscutiblemente con mayor profundidad, el caso concreto, lo que no sucede con el estudio que el juez constitucional, hace de dicha situación y que las acciones constitucionales no deben perder su finalidad de inmediatez y garantía como naturaleza de su creación, el evento de su efecto y aplicación.

• Autores: De Santis Villadiego, Jaime Hiram
• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/10804
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/10804; http://bdigital.unal.edu.co/8029/
• Palabra clave: 340 - Derecho; Acción de Tutela; Autoridad; Constitución Nacional; Derechos Fundamentales; Derechos Humanos; Jurisprudencia Constitucional; Poder; Power; Authority; National Constitution; Fundamental Rights; Human; Rights; Constitutional Jurisprudence; Protection of Fundamental Rights Action
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional