La política criminal en Colombia en el manejo del orden público 2001-2010

ilustraciones, gráficas, tablas

Autores:
Lizarazo Vargas, Nadia Soley
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/81090
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81090
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
300 - Ciencias sociales::301 - Sociología y antropología
Criminal procedure
State intervention
Procedimiento penal
Intervención del Estado
Política criminal
Orden público
Enfoque estratégico-relacional
Análisis de discurso
Criminal policy
Bloque de poder
Public order
Strategic-Relational approach
Power bloc
Discourse analysis
Aplicación de la ley
Law enforcement
Rights
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Constitución Política de Colombia 1886
Constitución Política de 1991
Decreto 1837 de 2002 “por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior”
Decreto 1838 de 2002 “por medio del cual se crea un impuesto especial destinado a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios”
Decreto 1900 de 2002 “por el cual se adoptan medidas en materia penal y procesal penal contra las organizaciones delincuenciales y se dictan otras disposiciones”
Decreto 1959 de 2002 “por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2002”
Decreto 1975 de 2002 “por medio del cual se suspende la Ley 333 de 1996 y se regulan la acción y el trámite de la extinción del dominio”
Decreto 2001 de 2002 “por el cual se modifica la competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados”
Decreto 2002 de 2002 “por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación”
Decreto 2180 de 2002 “por el cual se modifican los artículos 4º y 6º del Decreto 1900 de 2002”
Decreto 2555 de 2002 “por el cual se prorroga el Estado de Conmoción Interior”
Decreto 245 de 2003 “por el cual se prorroga el Estado de Conmoción Interior”
Decreto 2748 de 2002 “por el cual se expiden normas en materia procesal penal”
Decreto 2929 de 2002 “Por el cual se delimitan unas zonas definidas en el Decreto 2002 de 2002"
Decreto 3929 de 2008 “por el cual se declara el estado de conmoción interior”
Decreto 4333 de 2008 “por el cual se declara el Estado de Emergencia Social”
Decreto 4336 de 2008 “por el cual se modifica el Código Penal”
Decreto 4449 de 2008 “por el cual se adiciona y modifica el Código Penal”
Decreto 4450 de 2008 “por el cual se adiciona el artículo 305 del Código Penal”
Ley 733 de 2002 “por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, y se expiden otras disposiciones”
Ley 1121 de 2006 “por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”
Proyecto de acto legislativo 223 de 2003 Cámara “por medio del cual se modifican los artículos 15, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia, para enfrentar el terrorismo” [Estatuto Antiterrorista]
Resolución número 31 de 2002 “Por la cual se termina el proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con las Farc y se deja sin efecto el reconocimiento de carácter político a la organización mencionada”
Sentencia C-179/94. Revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria No. 91/92 Senado y 166/92 Cámara "Por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia". Magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz
Sentencia C- 646/01. Revisión de constitucionalidad Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal” y la Ley 600 de 2000 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.
Sentencia C-1024/02. Control de Constitucionalidad Decreto Legislativo No. 2002 de 2002. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.
Sentencia C-1064/02. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 2001 de 9 de Septiembre de 2002. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.
Sentencia C-1065/02. Revisión constitucional del Decreto 2180 de 2002 “por el cual se modifican los artículos 4º y 6º del Decreto 1900 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett
Sentencia C-802/02. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 1837 de 11 de agosto de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño
Sentencia C-876/02. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1838 de 2002. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis
Sentencia C-939/02. Revisión constitucional del Decreto. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett
Sentencia C-947/02. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1959 de 2002. Magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil
Sentencia C-1007/02. Revisión constitucional del Decreto legislativo 1975 del 3 de septiembre de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia C-327/03. Control de Constitucionalidad Decreto Legislativo No. 245 de 5 de febrero de 2003. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra
Sentencia C-122/03. Revisión oficiosa del Decreto 2929 de 2002. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra
Sentencia C-149/03. Revisión constitucional del Decreto 2748 de 2002. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia C-070/09. Revisión de constitucionalidad del decreto 3929 del 9 de octubre de 2008. Magistrados ponentes: Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Elena Reales Gutiérrez
Sentencia C-135/09. Revisión de constitucionalidad del Decreto 4333 de 2008. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto
Sentencia C-224/09. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 4336 del 17 de noviembre de 2008. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio
Sentencia C-225/09. Revisión constitucional del Decreto 4449 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Elena Reales Gutiérrez
Sentencia C-226/09. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 4450 de 2008. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Sentencia C-936/2010. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 17 y el parágrafo 3º del artículo 2 de la Ley 1312 de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004, en lo relacionado con el principio de oportunidad. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T-762/15. Estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado
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Revista Semana. Edición No. 1140 (marzo 8-15 de 2004). Pelea de fondo. El choque entre las altas cortes no es nuevo. ¿Por qué esta vez llegó tan lejos?, sin páginas.
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Este enfoque contempla el elemento discursivo, de allí que ha sido útil para su mejor desarrollo acudir teórica y metodológicamente a los postulados de Teun Van Dijk, específicamente, al análisis crítico del discurso. Con este abordaje se da respuesta a tres cuestionamientos principales: dónde y cómo se originan las ideas e imaginarios relacionados con la definición de la política criminal, qué tipo de ideas o marcas de conocimiento se seleccionan para representar los objetivos de intervención del Estado a través de la política criminal y qué tipo de proyecto hegemónico se construye desde la definición de la política criminal. De manera más ampla, se busca aportar en la comprensión de la política criminal como un espacio de la contienda política y a la vez una estrategia del ejercicio de poder de un bloque definido al interior del Estado, lo que la dota de un carácter estratégico y dinámico. De esta forma, esta tesis profundiza en la caracterización de los actores participantes en la definición de la política y sus estrategias, los recursos discursivos, así como las disputas al interior de las fuerzas políticas, todo lo cual conlleva a analizar las conductas e imaginarios que permiten construir los enemigos a combatir. El estudio se realizó a partir del análisis de 37 normas -decretos, leyes y sus respetivos debates legislativos junto a las sentencias en los casos que aplica la revisión de constitucionalidad, expedidos entre el período 2001 y 2010, los cuales constituyen el corpus de la política criminal en su relación con el orden público. En el primer capítulo se presentan los objetivos y se realiza una síntesis del balance de la literatura académica que ha abordado el objeto de estudio de este trabajo. En el segundo capítulo se presenta de manera general el marco teórico y metodológico que guían la investigación. El tercer capítulo resume el contexto político del período de estudio (2001- 2010). Los capítulos siguientes presentan los hallazgos de la investigación, identificando en el cuarto capítulo las características generales de la política criminal, los actores institucionales que la definen y las fuerzas políticas que intervienen en su definición; por su parte, el quinto capítulo sintetiza los problemas de política que las fuerzas políticas determinan como relevantes para la intervención estatal desde la óptica de la política criminal en su relación con el orden público y los recursos que justifican la intervención, todo a partir del análisis del corpus identificado como relevante para el período de estudio. El capítulo sexto se centra en los hallazgos estructurales relacionados con la tentativa de hacer de los estados de excepción un recurso permanente y ordinario; el sesgo anti Constitución de 1991 y el terrorismo como enemigo difuso. Finalmente, el último capítulo presenta las conclusiones a manera de cierre y recapitulación, centrándose en el proyecto hegemónico impulsado en la lógica de la política criminal. (Texto tomado de la fuente).This work represents an effort to analyze the definition of criminal policy in its relationship with public order in the period 2001-2010, in its primary phase – the definition of social behaviors that receive reproof from the State through different instruments, mainly, through the punitive exercise- from a strategic relational approach that conceives the State as polyform and as a social relationship, an approach developed by Bob Jessop. This approach contemplates the discursive element; hence, it has been useful for its better development to turn theoretically and methodologically to the Teun Van Dijk’s postulates, specifically, critical discourse analysis. This approach answers three main questions: where and how the ideas and imaginaries related to the definition of criminal policy originate, what kind of ideas or brands of knowledge are selected to represent the objectives of State intervention through criminal policy and what kind of hegemonic project is built from the definition of criminal policy. More broadly, it seeks to contribute to the understanding of criminal policy as a space for political dispute and at the same time a strategy of the exercise of power of a block defined within the State, which gives it a strategic and dynamic character. In this way, this thesis deepens in the characterization of the participating actors in the definition of the policy and its strategies, the discursive resources, as well as the disputes within the political forces, all of which leads to the analysis of the behaviors and imaginaries that allow the building of enemies to fight. The study was carried out from the analysis of 37 regulations -decrees, laws and their respective legislative debates together with the sentences in the cases that apply the review of constitutionality, issued between the period 2001 and 2010, which constitute the corpus of criminal policy in its relationship with public order. In the first chapter the objectives are presented and a synthesis of the balance of the academic literature that has addressed the object of study of this work. In the second chapter, the theoretical and methodological framework that guides the research is presented in a general way. The third chapter summarizes the political context of the study period (2001-2010). The following chapters present the research findings, identifying in the fourth chapter the general characteristics of criminal policy, the institutional actors that define it and the political forces that intervene in its definition; for its part, the fifth chapter synthesizes the policy problems that the political forces determine as relevant to state intervention from the perspective of criminal policy in its relationship with public order and the resources that justify the intervention, all based on the analysis of the corpus identified as relevant for the study period. The sixth chapter focuses on the structural findings related to the attempt to make states of exception a permanent and ordinary resource; the bias against the Constitution of 1991 and terrorism as a diffuse enemy. Finally, the last chapter presents the conclusions, focusing on the hegemonic project promoted in the logic of criminal policy.Tesis con Distinción Meritoria. Resolución No. 325 de fecha 09 de noviembre de 2021. Consejo de Facultad de Ciencias HumanasMaestríaMagíster en SociologíaSociología política171 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias Humanas - Maestría en SociologíaDepartamento de SociologíaFacultad de Ciencias HumanasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá300 - Ciencias sociales::301 - Sociología y antropologíaCriminal procedureState interventionProcedimiento penalIntervención del EstadoPolítica criminalOrden públicoEnfoque estratégico-relacionalAnálisis de discursoCriminal policyBloque de poderPublic orderStrategic-Relational approachPower blocDiscourse analysisAplicación de la leyLaw enforcementLa política criminal en Colombia en el manejo del orden público 2001-2010The criminal policy in Colombia in the management of public order 2001-2010Trabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMAller, Germán (2006). 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Revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria No. 91/92 Senado y 166/92 Cámara "Por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia". Magistrado ponente: Carlos Gaviria DíazSentencia C- 646/01. Revisión de constitucionalidad Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal” y la Ley 600 de 2000 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.Sentencia C-1024/02. Control de Constitucionalidad Decreto Legislativo No. 2002 de 2002. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.Sentencia C-1064/02. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 2001 de 9 de Septiembre de 2002. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.Sentencia C-1065/02. Revisión constitucional del Decreto 2180 de 2002 “por el cual se modifican los artículos 4º y 6º del Decreto 1900 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre LynettSentencia C-802/02. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 1837 de 11 de agosto de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba TriviñoSentencia C-876/02. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1838 de 2002. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur GalvisSentencia C-939/02. Revisión constitucional del Decreto. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre LynettSentencia C-947/02. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1959 de 2002. Magistrado ponente: Rodrigo Escobar GilSentencia C-1007/02. Revisión constitucional del Decreto legislativo 1975 del 3 de septiembre de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas HernándezSentencia C-327/03. Control de Constitucionalidad Decreto Legislativo No. 245 de 5 de febrero de 2003. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán SierraSentencia C-122/03. Revisión oficiosa del Decreto 2929 de 2002. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy CabraSentencia C-149/03. Revisión constitucional del Decreto 2748 de 2002. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda EspinosaSentencia C-070/09. Revisión de constitucionalidad del decreto 3929 del 9 de octubre de 2008. Magistrados ponentes: Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Elena Reales GutiérrezSentencia C-135/09. Revisión de constitucionalidad del Decreto 4333 de 2008. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra PortoSentencia C-224/09. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 4336 del 17 de noviembre de 2008. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio PalacioSentencia C-225/09. Revisión constitucional del Decreto 4449 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Elena Reales GutiérrezSentencia C-226/09. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 4450 de 2008. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza MarteloSentencia C-936/2010. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 17 y el parágrafo 3º del artículo 2 de la Ley 1312 de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004, en lo relacionado con el principio de oportunidad. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas SilvaSentencia T-762/15. Estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz DelgadoSentencia T-718/15. Acción de tutela instaurada contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio PalacioGaceta del Congreso No. 13, 3 de febrero de 2004. Acta de comisión 13 del 07 de octubre de 2003 CámaraGaceta del Congreso No. 174, 24 de abril de 2003. Proyecto de acto legislativo 223 de 2003 Cámara “por medio del cual se modifican los artículos 15, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia, para enfrentar el terrorismoGaceta del Congreso No. 186, 6 de mayo de 2003. Ponencia para primer debate al proyecto de acto legislativo 223 de 2003 Cámara 6 de mayo de 2003 Comisión Primera de la CámaraGaceta del Congreso No. 247, 29 de mayo de 2001. 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Bogotá, pp. 34-35EstudiantesInvestigadoresMaestrosPúblico generalResponsables políticosORIGINAL1032372824.2021.pdf1032372824.2021.pdfTesis de Maestría en Sociologíaapplication/pdf1183947https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81090/6/1032372824.2021.pdf40e9201010a08c960982ace52ecb5f86MD56Anexo 1‑resumen corpus.docxAnexo 1‑resumen corpus.docxAnexo 1. Resumen corpusapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document50260https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81090/2/Anexo%201%e2%80%91resumen%20corpus.docxc218bb21d5db231cb23ee6d4a55e4bbaMD52Anexo 3_perfiles.xlsxAnexo 3_perfiles.xlsxAnexo 2. 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