Las órdenes de tutela frente a la falta de disponibilidad presupuestal de las entidades estatales: análisis en perspectiva constitucional

La Corte Constitucional, a través de órdenes de tutela dentro de las que se destacan las contenidas en la sentencia T 760 de 2008 sobre el derecho a la salud, ha ordenado el despliegue de actuaciones administrativas con implicaciones presupuestales, entrando en la órbita funcional de las autoridades de elección popular quienes son las encargadas de la previsión y ejecución del presupuesto. Sin embargo, corresponde al ámbito funcional de la Corte Constitucional el proferir órdenes de tutela incidentes en el presupuesto público, dadas las facultades constitucionales y legales atribuidas que le otorgan la competencia para proferir las órdenes necesarias para la protección inmediata de los derechos fundamentales y, además, por los efectos generados por la figura de Estado Social de Derecho que adoptó nuestro país en la Constitución Política de 1991, en la función de guarda de la integridad y supremacía de las normas superiores, y en la interpretación constitucional de los principios de gasto público y separación de poderes con base en el entendimiento de éste último como separación de ámbitos funcionales dotados de un control activo entre ellos. Asimismo, verifica la legitimidad de la Corte que el carácter programático de una prestación amparada por un derecho no descarta su exigibilidad y que la garantía sobre el goce efectivo de los derechos fundamentales, sean estos de libertad o sociales, es un mandato constitucional que irradia el ejercicio del poder público y determina una de sus funciones principales en un Estado Social de Derecho, de manera que si el juez de tutela constata la violación de una faceta prestacional de un derecho fundamental, debe protegerlo adoptando órdenes encaminadas a garantizar su goce efectivo, pero que a su vez sean respetuosas del proceso público de debate, decisión y ejecución de políticas, propio de una democracia, y de su propia jurisprudencia, como en efecto lo hizo a través de la sentencia T 760 de 2008, fallo que entre dentro del concepto de lo que un sector de la doctrina denomina activismo dialógico. (texto tomado de la fuente)

• Autores: Mendivelso Pinzón, Norberto Apolinar
• Fecha de publicación: 2013
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/12235
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/12235; http://bdigital.unal.edu.co/9907/
• Palabra clave: 340 - Derecho; 350 - Administración pública y ciencia militar; 610 - Medicina y salud; Corte Constitucional; Tutela; Derechos fundamentales; Derechos sociales; Salud; Gasto público; Presupuesto público; Separación de poderes; Sostenibilidad fiscal; Activismo; Estado Social de Derecho; Integridad y Supremacía de la Constitución; Constitutional Court; Guardianship Order; Fundamental Rights; Social Rights; Health; Public Expenditure; Public Budget; Separation of Powers; Fiscal Sustainability; Social State of Law; Integrity and supremacy of the Constitution
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• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional