Acceso a la justicia en adultos mayores en Colombia: La notificación electrónica como barrera al debido proceso (2025)
La implementación de la virtualidad en los procesos judiciales ha generado un avance importante en la eficiencia y transformación del trámite jurídico. Sin embargo, esta digitalización también ha generado retos significativos para ciertos grupos, especialmente para los adultos mayores que enfrentan limitaciones tecnológicas. Esta modalidad ha generado una marcada brecha digital en la población adulta mayor, la cual, debido a su limitada capacidad de adaptación a las tecnologías, enfrenta obstáculos para comprender y utilizar los trámites judiciales en formato digital. La investigación se centra en analizar las consecuencias jurídicas que surgen de dicho problema (brecha digital) en relación con las notificaciones electrónicas dirigidas a este grupo etario. El propósito es establecer si dichas limitaciones tecnológicas afectan el goce de sus derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso, en la medida en que podrían restringirles el ejercicio efectivo de su defensa y contradicción conforme a lo establecido por la Ley. La investigación es de tipo cualitativo, con enfoque socio-jurídico y un paradigma histórico-hermenéutico. Inicia con análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal; con el fin de analizar la legalidad de las notificaciones electrónicas en el derecho privado y su impacto en la población adulta mayor. En este sentido, para visualizar el impacto social del entorno digital y las TIC en este grupo, se extrajeron casos jurídicos de la plataforma institucional Rama Judicial-, junto con información recopilada a través de los derechos de petición dirigidos a diferentes entidades públicas y privadas relacionadas con la temática. Los resultados del estudio revelan que, si bien las notificaciones electrónicas cuentan con validez jurídica, su puesta en práctica no tuvo en cuenta la brecha existente que impacta las personas mayores. Esta falta de consideración termina generando altos índices de desigualdad en el ámbito procesal y marginación de dicho sector de la población, lo que deriva en una afectación significativa de sus derechos, particularmente al debido proceso.