Periódico 15 : Edición 5: Julio de 2002

Rafael Medina Rueda está en la incertidumbre. Como propietario del local Cordones y Cordones, situado en la calle. 13 con carrera 31, todavía no sabe si su negocio se pondrá más difícil porque el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), probablemente, va a declarar el sector como “área residencial”....

Full description

Autores:
Gómez Nadal, Francisco
Betancur B., Juan Gonzalo
Gómez Benito, Isabel
Tipo de recurso:
http://purl.org/coar/resource_type/c_2fe3
Fecha de publicación:
2002
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/21604
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/21604
Palabra clave:
Conflict
Culture
Environment
Politics
Economy
Infrastructure
Jargon
Territorial arrangement planning
Public entities
Conflicto
Cultura
Medio ambiente
Política
Economía
Infraestructura
Jerga
Entidades públicas
Área Metropolita de Bucaramanga
Plan de Ordenamiento Territorial
Rights
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:Rafael Medina Rueda está en la incertidumbre. Como propietario del local Cordones y Cordones, situado en la calle. 13 con carrera 31, todavía no sabe si su negocio se pondrá más difícil porque el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), probablemente, va a declarar el sector como “área residencial”. Esa situación, confiesa, le asusta: el negocio es el sostén económico de su familia y ha supuesto un esfuerzo que, para él, no debe desvanecerse así no más. “Este es un local de toda la vida, para nosotros es una herencia. Ahora dizque nos la pretenden quitar”, reprocha, en tono irascible. “¿Para dónde coge uno? Los zapateros saben que los materiales se consiguen por estos lados, no nos pueden trasladar así de sencillo”. El temor del mayorista, de 23 años, refleja el sinsabor latente en la mayoría de los comerciantes consultados por 15 en Bucaramanga: no conocen qué va a pasar con sus negocios luego de que el Plan de Ordenamiento Territorial, sancionado el 27 de septiembre de 2000 por el Concejo Municipal, cambió el “uso” del suelo en esa y en otras zonas de la ciudad, por lo que obligaría a algunos comerciantes a trasladar sus locales.