El presupuesto municipal (Estudio de caso municipio de Bucaramanga. 1990-1995)

El acentuado centralismo que había marcado la cultura política del país comenzó su desmonte a partir de la reforma administrativa de 1968. Desde entonces la descentralización hizo énfasis en algunos aspectos relacionados con el servicio público y con la necesidad de dotar a los municipios y demás en...

Full description

Autores:
Mejía Ardila, José Ignacio
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
1998
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/566
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/566
Palabra clave:
Municipal budget
Municipalities
Law
Investigations
Legal aspects
Public services
Community participation
Territorial development
Presupuesto municipal
Municipios
Derecho
Investigaciones
Aspectos jurídicos
Servicios públicos
Participación comunitaria
Desarrollo territorial
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:El acentuado centralismo que había marcado la cultura política del país comenzó su desmonte a partir de la reforma administrativa de 1968. Desde entonces la descentralización hizo énfasis en algunos aspectos relacionados con el servicio público y con la necesidad de dotar a los municipios y demás entes territoriales de la autonomía indispensable para su verdadera consolidación como autoridades responsables de buena parte de los cometidos estatales. Las voces de la descentralización y de la autonomía regional se habían iniciado desde mediados del siglo XIX con Murillo Toro a la cabeza. Sin embargo se requirió de más de un siglo para que el país, en su conjunto, entrara no sólo en una etapa de descentralización, sino de autonomía administrativa y de fortalecimiento de los fiscos regionales. Tres normas pueden condensar la política de descentralización y de autonomía regional: la ley 14 de 1983 que reestructuró todo lo relacionado con el avalúo catastral y el impuesto predial; la ley 12 de 1986 que determinó la redistribución del Impuesto al Valor Agregado a favor de los municipios y los departamentos, y el acto legislativo No. 1 de 1986 mediante el cual se consagró la elección popular de los mandatarios municipales.