La doctrina de la real malicia y su aplicación en las decisiones de las altas cortes en Colombia: 2011-2016 (2018)
En una democracia la libertad de expresión cumple una función legitimadora, porque permite a los ciudadanos y a los medios de comunicación desarrollar la capacidad de pensar y reflexionar frente a los asuntos de interés público. Lo cual no equivale a transgredir derechos personalísimos de quienes están expuestos al escrutinio público. Es necesario recordar que la libertad de expresión no puede ser impuesta arbitrariamente sobre los demás. La misma democracia exige tolerancia frente a la crítica dirigida hacia los funcionarios públicos o personajes públicos. De modo que, la solución para evitar cualquier tipo de abuso en el ejercicio a la libertad de expresión parte por contar con límites claros y definidos en la Ley; que garanticen, a su vez, un debate desinhibido, robusto y ampliamente abierto. A partir de esa idea, la doctrina jurídica ha determinado pautas de interpretación frente a las tensiones que, irremediablemente, se presentan entre derechos fundamentales como: el buen nombre, la honra o la imagen de personas públicas, y la libertad de expresión. Una de ellas, la estableció la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, hace casi medio siglo, y se conoce como la real malicia. Básicamente, consiste en ampliar la garantía de la libertad de expresión, asignándole al quejoso la carga de probar, más allá de toda duda, la intensión maliciosa del emisor de una afirmación. La regla está incorporada al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIPH), en cabeza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como un estándar para validar las sanciones ulteriores impuestas por el abuso de la libertad de expresión. Y se aspira que sea adaptada a las legislaciones internas por la totalidad de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).