Alternativa penal como instrumento de politica criminal
La política criminal del Estado Colombiano ha estado sujeta a las previsiones del gobierno de turno, sin que se haya procurado para fundamentar la construcción de una memoria histórica nacional, cuyo análisis desde un punto de vista científico permita determinar que tan adecuada es una u otra estrat...
- Autores:
-
Leal Garcia, Oscar Andres
- Tipo de recurso:
- http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/18073
- Palabra clave:
- Política Criminal
Alternatividad Penal
Paz
Criminal Politics
Penal Alternative
Peace
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
| Summary: | La política criminal del Estado Colombiano ha estado sujeta a las previsiones del gobierno de turno, sin que se haya procurado para fundamentar la construcción de una memoria histórica nacional, cuyo análisis desde un punto de vista científico permita determinar que tan adecuada es una u otra estrategia para la solución del conflicto armado, sin embargo persisten los dos extremos, el del despliegue de la fuerza preventiva y punitiva del Estado que se ha reflejado en éste estado de guerra sin cuartel o el de conciliar y efectuar un nuevo pacto político y de convivencia que permita la reincorporación de los militantes de los grupos armados al margen de la ley y por ende el cese de las hostilidades. En todo caso no es fácil dado que existen muchos intereses en el curso que tome el conflicto, intereses en el negocio de las drogas, tráfico de armas, y lo más importante existen dudas respecto de las garantías de vida para los reinsertados y para la sociedad y las víctimas dudas en cuanto a la necesaria penalización de los crímenes de lesa humanidad. El Presidente Álvaro Uribe ha buscado crear los mecanismos jurídicos que le permitan conseguir no solo la reincorporación a la sociedad de los miembros de los grupos armados al margen de la ley, si no también crear beneficios en materia penal respecto del cumplimiento de las penas que se les impongan a causa de los delitos cometidos por integrantes de estos grupos, en el ejercicio violento de su actividad subversiva, todo ha sido un intento de darle piso jurídico a la desmovilización de los grupos paramilitares proceso que se inició desde que se suscribió el primer acuerdo entre las Autodefensas de Colombia y el Gobierno Nacional, firmado en Santa Fe de Ralito el 15 de julio de 2003. |
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