Sustracción de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual/cognitiva o mental/psicosocial víctimas del conflicto armado colombiano (2016)
A través del presente trabajo se buscó realizar un análisis para conocer cuál es el tratamiento legal que se les da a las personas con discapacidad Intelectual/Cognitiva o Mental/Psicosocial Víctimas del Conflicto Armado Colombiano en el acceso a la reparación por vía administrativa desde la perspectiva de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC) adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006,, instrumento internacional más reciente que desarrolla de forma directa y específica los lineamientos tendientes a garantizar los derechos y la dignidad humana de las personas con discapacidad, el cual constituye para los Estados parte, un nuevo reto en el desarrollo de políticas y programas que permitan la promoción, protección y humanización de sus contenidos. En consecuencia, se realizó una aproximación conceptual con el fin de familiarizar definiciones relacionadas con el tema, dado que ha sido una de las fallas encontradas en la implementación de la política de atención y reparación integral a las víctimas en Colombia en los últimos 2 años. Posteriormente se muestra la situación de las personas con Discapacidad, antes referidas, incluyendo el estudio de la legislación Colombiana frente al tema, en la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional, a partir de la Sentencia C- T 524 de E 2004, y sus autos de seguimiento, Auto 006 de 2009 y específicamente el Auto 173 de 2014, en tal sentido, se consideró relevante traer a colación un caso de una entidad pública del nivel nacional en la cual fue posible conocer y analizar acciones adelantadas en el tema en cuestión. Por último, se analizó el avance que ha tenido Colombia en cuanto a la aprehensión y aplicación de normas internacionales respecto a este tema desde el punto de vista social y político, los efectos y transformaciones de dicho fenómeno y el impacto social positivo que redunda en la garantía de derechos, vs el impacto político negativo, dado que debilitan la autonomía y soberanía del Estado Colombiano en legislar su propia normativa a partir de la entrada en vigor de normas internacionales incorporadas vía Bloque de Constitucionalidad a nuestro ordenamiento jurídico colombiano y por tanto vinculantes.