Responsabilidad estatal por la falta de control al servicio público de transporte intermunicipal a personas con movilidad reducida
Promulgada la Carta Política de 1991, su artículo 90 reconoce que “cualquier daño ocasionado por acción u omisión a uno de los asociados, que no esté en capacidad de soportarlo, debe ser reparado”. La responsabilidad del Estado, frente a la accesibilidad del servicio público de transporte en especia...
- Autores:
-
Aponte Gómez, Heler
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad La Gran Colombia
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UGC
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ugc.edu.co:11396/3941
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11396/3941
- Palabra clave:
- Inclusión
Movilidad reducida
Responsabilidad estatal
Transporte público de pasajeros
Reduced mobility
State responsibility
Public passenger transport
Responsabilidad del estado - Colombia
Transporte urbano
Servicios para personas con discapacidades
Transporte - Legislación
Integración social
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Summary: | Promulgada la Carta Política de 1991, su artículo 90 reconoce que “cualquier daño ocasionado por acción u omisión a uno de los asociados, que no esté en capacidad de soportarlo, debe ser reparado”. La responsabilidad del Estado, frente a la accesibilidad del servicio público de transporte en especial para personas en situación de discapacidad y/o movilidad reducida, resulta bastante ambigua. Las connotaciones sociales, económicas y jurídicas que contienen, situación que lleva consigo la expedición del Decreto 1660 de junio de 2003, que reglamenta el acceso a los medios de transporte de las personas en condición de discapacidad, quienes se hacen acreedores a una especial protección e igualdad por sus derechos, libertades y oportunidades, además de la igualdad, que debe ser real y efectiva a través de medidas que favorezcan estos grupos discriminados y marginados. En esta norma, se dispone proteger la debilidad manifiesta y sancionar los abusos o maltratos contra ellos, también les permiten el acceso a todos los escenarios y servicios públicos, como el transporte, la omisión de lo anterior puede dar lugar a adjudicar una responsabilidad al Estado. |
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