Sobre la arbitrabilidad de los actos administrativos contractuales en Colombia (2020)
RESUMEN: El objetivo del presente trabajo consiste en hacer un análisis del entendimiento de la arbitrabilidad de los actos administrativos contractuales bajo el derecho colombiano, desde la perspectiva de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en la materia. Naturalmente, partimos del supuesto que este no es el primer análisis que se realiza sobre la materia, pues doctrinantes como Jaime Orlando Santofimio Gamboa y Mónica León Gil, entre otros, ya se han encargado de analizar el tema en reiteradas oportunidades y con mayor o menor grado de profundidad. Sin embargo, el valor añadido que el lector encontrará en el presente trabajo reside en que, a diferencia de muchos otros escritos, este intenta responder directamente a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los fundamentos jurídicos para limitar la potestad de los árbitros para pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos contractuales, particularmente aquellos que sean expedidos por la administración en ejercicio de cláusulas exorbitantes? Para dar una respuesta, partiremos del origen normativo de dicha limitación, para posteriormente tomar como eje de análisis la sentencia C-1436 de 2000 de la Corte Constitucional, que en nuestro criterio constituye el pilar fundamental bajo el cual se ha limitado la potestad de los árbitros para pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos contractuales en nuestro ordenamiento jurídico. A partir de allí, avanzaremos en el análisis de los distintos pronunciamientos emitidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado, tomando como especial referente de análisis los cambios introducidos en la legislación colombiana por el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional o Ley 1563 de 2012. Todo lo anterior nos permitirá arribar a la siguiente conclusión: No existe fundamento jurídico alguno para limitar la potestad de los árbitros para pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos contractuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1682 de 2013, por consagrar una limitación expresa.