La capacidad jurídica una oportunidad para pensar el derecho y los derechos de las personas con Síndrome de Down (2020)
RESUMEN: Las personas con Síndrome de Down (SD) y que son por ello diagnosticadas con discapacidad intelectual, fueron asumidas por el derecho a lo largo de la historia como si dicha condición fuese una limitante para la ejecución de negocios y actos jurídicos, ya que se tomó a esta población como un grupo de seres incapaces de comprender y manifestar su voluntad de manera autónoma, ello tiene explicación desde las formas en que cultural e históricamente se ha entendido la discapacidad, generando consecuencias en los diversos ordenamientos jurídicos. Con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en Colombia, mediante la Ley 1346 de 2009, se asumen una serie de obligaciones que se deben cumplir para garantizar los derechos humanos y fundamentales de la población con discapacidad, entre ellos, el reconocimiento de la capacidad jurídica o de ejercicio. Si bien se dieron pronunciamientos jurisprudenciales y normativos, como la Ley 1306 de 2009 en busca de flexibilizar las restricciones en cuanto a la capacidad jurídica frente a algunos actos jurídicos, solo se logra un real reconocimiento a la capacidad de ejercicio con la promulgación de la Ley 1996 de 2019, que deroga la interdicción y crea un sistema de apoyos, en los que se debe siempre considerar la voluntad de la persona sujeta a dicho proceso, en ese sentido, es una ley que genera un rompimiento frente al ejercicio del derecho, pues es el llamado a ocuparnos de asuntos de gran importancia como lo es la condición del ser humano más allá del derecho. De allí que se generen retos para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, administrativos, docentes y estudiantes, pues indudablemente, supone que las personas con discapacidad, entren a formar parte activa de la vida jurídica y por ello tienen la posibilidad de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas lo cual hace necesario aprehender herramientas, actitudes y aptitudes que nos permitan acercar el derecho, de manera adaptable, accesible, asequible y aceptable a las personas con discapacidad, sus familias y a la comunidad en general, conforme lo dispone la CDPD, esto es considerando sus derechos humanos y fundamentales.