Atención a las mujeres desplazadas víctimas de la violencia sexual por actores del conflicto armado interno. Seguimiento del Auto 092 de la Corte Constitucional en Colombia (2013)
Presentación Hasta 2004, la población desplazada en Colombia estaba expuesta a la vulneración masiva y sostenida de varios derechos constitucionales, y a la prolongada omisión de las autoridades del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones y en garantizar los derechos y las acciones institucionales necesarias para evitar la vulneración de los derechos de esta población, cada vez más creciente en el país. En ese mismo año, se expide la Sentencia T-025/2004 de la Corte Constitucional colombiana, donde declara el “estado de cosas inconstitucional,” reitera los derechos constitucionales de la población afectada por el desplazamiento forzado, e imparte una serie de órdenes para proteger los derechos de la población afectada por el fenómeno. Dice la Corte en su Sentencia: … por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la población desplazada, así como por la omisión reiterada de brindarle una protección oportuna y efectiva por parte de las distintas autoridades encargadas de su atención se han violado, a los actores en el presente proceso y a la población desplazada en general, sus derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia y a los niños… Esta violación ha venido ocurriendo de manera masiva, prolongada y reiterada y no es imputable a una única autoridad, sino que obedece a un problema estructural que afecta a toda la política de atención diseñada por el Estado, y a sus distintos componentes, en razón a la insuficiencia de recursos destinados a financiar dicha política y a la precaria capacidad institucional para implementarla. (Sentencia T025/2004, 24). Para las organizaciones sociales, la población desplazada conserva todos sus derechos fundamentales y, por el hecho del desplazamiento, no pierde ninguna de sus garantías constitucionales, por el contrario, es sujeto de especial protección por el Estado.