Incidencia de la política criminal sobre el hacinamiento en el establecimiento carcelario La Modelo de Bogotá D.C. en el periodo de 2019 -2022

En Colombia la cantidad de personas privadas de la libertad han superado los límites que la infraestructura penitenciaria podría ofrecer, el Establecimiento Carcelario la Modelo no ha sido ajena a esta situación, razón por la cual es pertinente hablar de un alto índice de hacinamiento presente en lo...

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Autores:
Parra Romero, Hasbleidy Tatiana
Pinzón Molina, Wilmar Alejandro
Niño Atuesta, Wendy Dayana
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Colegio Mayor de Cundinamarca
Repositorio:
Repositorio Colegio Mayor de Cundinamarca
Idioma:
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OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Hacinamiento carcelario
Política criminal
Resocialización
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Derechos fundamentales
Fin de la pena
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description En Colombia la cantidad de personas privadas de la libertad han superado los límites que la infraestructura penitenciaria podría ofrecer, el Establecimiento Carcelario la Modelo no ha sido ajena a esta situación, razón por la cual es pertinente hablar de un alto índice de hacinamiento presente en los últimos años en este centro de reclusión, fenómeno que no trae consigo la simple acomodación de varias personas que están cumpliendo su pena en un espacio reducido, sino que el hacinamiento necesariamente facilita la vulneración de todos los derechos fundamentales de los privados de la libertad. Esta situación de vulneración sistemática y continua de derechos fundamentales llevó precisamente a que la Corte Constitucional T-153 de 1998, abordara en un primer momento el problema jurídico sobre las condiciones en las que habían sometido a las personas privadas de la libertad en un establecimiento permeado por el hacinamiento, realizando este análisis precisamente en las Cárceles Modelo de Bogotá y Bellavista de Medellín, identificando consecuentemente la vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales de los internos, por ello en aras de restablecer un orden garantista para los internos, la Corte Constitucional ordenó que la elaboración y ejecución de un plan de acción que garantizara condiciones dignas en el marco del cumplimiento de una pena dentro del establecimiento penitenciario. Para el año 2013, la Corte Constitucional recoge todas las tutelas revisadas que pretendían principalmente el amparo de protección de derechos fundamentales como la integridad humana, la vida y la salud, declarando en Colombia el estado de cosas inconstitucional mediante sentencia T-388 de 2013, ordenando a la institucionalidad la toma de decisiones y acciones necesarias para detener la vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales. 7 En este orden, la Corte Constitucional con la sentencia T-762 de 2015, evaluando los alcances del estado de cosas inconstitucional declarado previamente con la sentencia T-388 de 2013, indica claramente que en Colombia existe una clara ausencia de políticas públicas, especialmente una política criminal adecuada, pues consideró que esta política ha estado al margen de los hechos presentes en los establecimientos carcelarios, por cuanto es reactiva, populista y con poca reflexibilidad y no es coherente con lo planteado. La anterior situación lleva entonces a cuestionar el enfoque de la política criminal adoptada en el Estado colombiano, pues se observa que no sólo se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, sino que se empieza a evidenciar que los programas de resocialización son insuficientes, intensificando la reincidencia. Estas características iniciales de los efectos de la política criminal sobre el hacinamiento carcelario, especialmente en el Establecimiento Carcelario la Modelo de Bogotá D.C., obedece en principio a que la función de la pena plasmado en el artículo 4 de la ley 599 de 2000, ha sido enfocada al temor que causa la consecuencia jurídica en la persona cuando ha cometido un delito, especialmente con la privación de la libertad. En consecuencia, una política criminal adecuada es el eje central o pilar fundamental para empezar a reducir el hacinamiento carcelario, porque si no se adopta una política criminal acorde con la realidad nacional, donde la función de la pena sea en realidad resocializadora y preventiva, no surtirá el efecto positivo que se necesita, y de nada servirá modificar las leyes penales, endureciendo las penas, creando nuevos tipos penales, crear más cárceles, si todas esas acciones no se concretan en un objetivo que integre toda la institucionalidad y el fin primordial, prevenir el delito, por ende el hacinamiento carcelario.
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_version_ 1812210027544444928
spelling Bradrán Blanco, Roberto Ángel766f64538eae0381df85010045cbc1e1Parra Romero, Hasbleidy Tatiana40a95a5ea44e451bce016f33f3b819c7Pinzón Molina, Wilmar Alejandro21edf45389559f36f6cd8e0d23e5c2aaNiño Atuesta, Wendy Dayana0a2c10e5df05011dd38c34a0e189480eUniversidad Colegio Mayor de Cundinamarca2024-04-08T18:04:23Z2024-04-08T18:04:23Z2023https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6684En Colombia la cantidad de personas privadas de la libertad han superado los límites que la infraestructura penitenciaria podría ofrecer, el Establecimiento Carcelario la Modelo no ha sido ajena a esta situación, razón por la cual es pertinente hablar de un alto índice de hacinamiento presente en los últimos años en este centro de reclusión, fenómeno que no trae consigo la simple acomodación de varias personas que están cumpliendo su pena en un espacio reducido, sino que el hacinamiento necesariamente facilita la vulneración de todos los derechos fundamentales de los privados de la libertad. Esta situación de vulneración sistemática y continua de derechos fundamentales llevó precisamente a que la Corte Constitucional T-153 de 1998, abordara en un primer momento el problema jurídico sobre las condiciones en las que habían sometido a las personas privadas de la libertad en un establecimiento permeado por el hacinamiento, realizando este análisis precisamente en las Cárceles Modelo de Bogotá y Bellavista de Medellín, identificando consecuentemente la vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales de los internos, por ello en aras de restablecer un orden garantista para los internos, la Corte Constitucional ordenó que la elaboración y ejecución de un plan de acción que garantizara condiciones dignas en el marco del cumplimiento de una pena dentro del establecimiento penitenciario. Para el año 2013, la Corte Constitucional recoge todas las tutelas revisadas que pretendían principalmente el amparo de protección de derechos fundamentales como la integridad humana, la vida y la salud, declarando en Colombia el estado de cosas inconstitucional mediante sentencia T-388 de 2013, ordenando a la institucionalidad la toma de decisiones y acciones necesarias para detener la vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales. 7 En este orden, la Corte Constitucional con la sentencia T-762 de 2015, evaluando los alcances del estado de cosas inconstitucional declarado previamente con la sentencia T-388 de 2013, indica claramente que en Colombia existe una clara ausencia de políticas públicas, especialmente una política criminal adecuada, pues consideró que esta política ha estado al margen de los hechos presentes en los establecimientos carcelarios, por cuanto es reactiva, populista y con poca reflexibilidad y no es coherente con lo planteado. La anterior situación lleva entonces a cuestionar el enfoque de la política criminal adoptada en el Estado colombiano, pues se observa que no sólo se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, sino que se empieza a evidenciar que los programas de resocialización son insuficientes, intensificando la reincidencia. Estas características iniciales de los efectos de la política criminal sobre el hacinamiento carcelario, especialmente en el Establecimiento Carcelario la Modelo de Bogotá D.C., obedece en principio a que la función de la pena plasmado en el artículo 4 de la ley 599 de 2000, ha sido enfocada al temor que causa la consecuencia jurídica en la persona cuando ha cometido un delito, especialmente con la privación de la libertad. En consecuencia, una política criminal adecuada es el eje central o pilar fundamental para empezar a reducir el hacinamiento carcelario, porque si no se adopta una política criminal acorde con la realidad nacional, donde la función de la pena sea en realidad resocializadora y preventiva, no surtirá el efecto positivo que se necesita, y de nada servirá modificar las leyes penales, endureciendo las penas, creando nuevos tipos penales, crear más cárceles, si todas esas acciones no se concretan en un objetivo que integre toda la institucionalidad y el fin primordial, prevenir el delito, por ende el hacinamiento carcelario.In Colombia, the number of people deprived of their liberty have exceeded the limits that the penitentiary infrastructure could offer, the La Modelo Prison Establishment has not been immune to this situation, which is why it is pertinent to speak of a high rate of overcrowding present in the prisons. recent years in this detention center, a phenomenon that does not bring with it the simple accommodation of several people who are serving their sentences in a reduced space, but rather the overcrowding necessarily facilitates the violation of all the fundamental rights of those deprived of liberty. This situation of systematic and continuous violation of fundamental rights led precisely to the Constitutional Court, through ruling T-153 of 1998, initially addressing the legal problem of the conditions to which persons deprived of their liberty had been subjected in an establishment permeated by overcrowding, carrying out this analysis precisely in the Modelo de Bogotá and Bellavista de Medellín Prisons, consequently identifying the massive and systematic violation of fundamental rights of inmates, thus declaring the Unconstitutional State of Affairs of the Prison System, therefore in In order to restore a guaranteed order for inmates, the Constitutional Court ordered the preparation and execution of an urgent action plan that would guarantee dignified conditions within the framework of serving a sentence within the penitentiary establishment. For the year 2013, the Constitutional Court includes the decisions issued by the instance guardianship judges that mainly sought the protection of fundamental rights such as human integrity, life and health, declaring in Colombia the Unconstitutional State of Things (ECI ) in 9 some prisons and penitentiaries through ruling T-388 of the same year, ordering the institutions to take the necessary decisions and actions to stop the massive and systematic violation of fundamental rights. In this order, the Constitutional Court with judgment T-762 of 2015, evaluating the scope of the Unconstitutional State of Affairs previously declared with judgment T-388 of 2013, clearly indicates that in Colombia there is a clear absence of public policies, especially a adequate criminal policy, since it considered that this policy has been outside the facts present in prison establishments, since it is reactive, populist and with little reflection and is not consistent with what has been proposed. The above situation then leads to questioning the criminal policy approach adopted in the Colombian State, since it is observed that not only are the fundamental rights of persons deprived of liberty being violated, but it is beginning to show that resocialization programs they are insufficient, thus intensifying recidivism. These initial characteristics of the effects of criminal policy on prison overcrowding, especially in the La Modelo Prison Establishment in Bogotá D.C., obeys in principle to the fact that the function of the penalty embodied in article 4 of law 599 of 2000, has been focused on the fear that causes the legal consequence in the person when they have committed a crime, especially with the deprivation of liberty. Consequently, an adequate criminal policy is the central axis or fundamental pillar to begin to reduce prison overcrowding, because if a criminal policy is not adopted in accordance with the national reality, where the function of the sentence is actually resocializing and preventive, there will be no It will have the positive effect that is needed, and it will be useless to modify criminal laws, toughening penalties, creating new criminal offenses, creating more prisons, if all these actions do not materialize in an objective that integrates all the institutions and the primary purpose, prevent crime, hence prison overcrowding.TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN 13 1. Ubicación del problema 15 1.1. Descripción de la problemática 15 1.2. Formulación del problema 17 1.3. Justificación 17 1.4. Objetivos 19 1.4.1. Objetivo General 19 1.4.2. Objetivos específicos 20 2. Marco teórico Conceptual 21 2.1. Capítulo 1. Sistema penitenciario y carcelario en Colombia 29 2.1.1. Antecedentes Del Sistema Carcelario En Colombia 29 2.1.2. El sistema penitenciario y carcelario a partir de la Constitución Política de 1991 34 2.1.3. Código Penitenciario y Carcelario 36 2.1.4. El Ius Puniendi Del Estado 41 2.1.5. La Política Criminal 51 2.1.6. Conclusiones 60 2.2. Capitulo II causalidad de la resocialización y reincidencia 62 2.2.1. Resocialización 63 2.2.2. Políticas Públicas o programas de resocialización 67 2.2.3. El etiquetamiento o Labelling 83 2.2.4. Reincidencia 88 2.2.5. fundamento de agravación punitiva 95 2.2.6. Responsabilidad del Estado 98 2.2.7. Relación entre resocialización, reincidencia y hacinamiento 102 2.2.8. Conclusiones 107 2.3. Capitulo III – La necesidad de una Política Criminal diferente 108 2.3.1. Las acciones del Estado respecto al estado inconstitucional de cosas 108 2.3.2. Garantía de derechos humanos 113 2.3.3. La adopción de una política criminal con base en la práctica y dinámica social 119 2.3.4. Conclusiones 123 3. Hipótesis 125 4. Marco metodológico 125 5. Conclusiones 127 6. Alternativas de intervención o solución socio-juridicas 129 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 139PregradoAbogado(a)146p.application/pdfspaUniversidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de DerechoBogotá D.CDerechoDerechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/closedAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_14cbIncidencia de la política criminal sobre el hacinamiento en el establecimiento carcelario La Modelo de Bogotá D.C. en el periodo de 2019 -2022Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionAcosta Diaz, N & López López, J. (2018). La resocialización en el derecho penal colombiano. Universidad Gran Colombia. 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