La Educación Legal Clínica: una herramienta para la defensa del medio ambiente en el Archipiélago de San Andrés

El Grupo de Acciones Públicas (GAP), en el desarrollo de la educación legal clínica, ha prestado asesoría jurídica en diversas problemáticas que presenta la comunidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se han utilizado variados mecanismos de litigio estratégico para causar...

Full description

Autores:
Pérez-Amaya, Natalia
Sánchez-Quintero, Anamaría
Vallejo-Abdala, Arturo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Católica de Colombia
Repositorio:
RIUCaC - Repositorio U. Católica
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/19970
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10983/19970
Palabra clave:
Educación legal
Acción pública
Medio ambiente
Protección de derechos
Estrategia jurídica
Rights
openAccess
License
Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017
Description
Summary:El Grupo de Acciones Públicas (GAP), en el desarrollo de la educación legal clínica, ha prestado asesoría jurídica en diversas problemáticas que presenta la comunidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se han utilizado variados mecanismos de litigio estratégico para causar un impacto en la protección de los derechos humanos de esta comunidad, sobre todo de los derechos al medio ambiente constantemente vulnerados por actividades económicas como el turismo y la exploración y explotación de hidrocarburos. El trabajo coordinado que ha realizado el GAP con los raizales, habitantes autóctonos del archipiélago, ha mostrado importantes resultados en la educación en protección de derechos humanos y en el empoderamiento de esta protección por medio de la interposición de acciones constitucionales. Esta ponencia recoge algunas de las experiencias en materia de ambiente y derechos humanos que el GAP ha desarrollado con esta comunidad, que ha acudido a nuestra clínica en varias ocasiones en busca de asesoramiento jurídico. Es importante resaltar que la comunidad raizal, a pesar de encontrarse en el archipiélago, ha buscado el apoyo y la asesoría del GAP, principalmente porque considera que en Bogotá cuenta con mayores garantías legales que en su departamento.