Las Garantías Judiciales y los Derechos Políticos en el Proceso Disciplinario Colombiano contra funcionarios de Elección Popular (2023)
La jurisdicción disciplinaria, en específico la competencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el ius puniendi colombiano, y la tradición procedimental disciplinaria, interpretada por la jurisprudencia de los procesos sancionatorios en Colombia, prima facie se encuentra en armonía con la normativa interamericana. No obstante, revisándose detalladamente sentencias internas e internacionales en donde se establece el alcance de la inhabilitación y destitución por la PGN en su poder preferente disciplinario, los controles de constitucionalidad, legalidad, convencionalidad de sus habilidades expuestas en el marco jurisprudencial nacional e internacional y analizando las estadísticas sobre funcionarios públicos elegidos popularmente suspendidos, destituidos e inhabilitados por procuradores, es evidente que existe una discordia institucional entre las corporaciones del ordenamiento jurídico interno y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Habiéndose establecido la regla jurisprudencial cuando produjo el efecto de cosa juzgada constitucional en el 2006, se determinó la interpretación de la norma y sus implicaciones. Si bien fueron actualizadas, los vacíos pendientes y cuestiones surgentes se pueden convertir en lagunas de impunidad, por lo cual se aproximará la realidad normativa disciplinaria en Colombia dos años después del Caso Petro Urrego Vs. Colombia.