La Política Criminal Ambiental con carácter preventivo en Colombia según los postulados de la Criminología verde (2024)
Ante las difíciles condiciones actuales que requieren detener el daño acelerado al medio ambiente, especialmente en lo que respecta a la reducción de emisiones de CO2 , la comunidad internacional ha venido ejercida presión. Este esfuerzo proviene de diversos organismos supranacionales de protección ambiental y organizaciones sociales como: la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental (AIDA)1, CEDHA, la ONU2 y el grupo de juristas internacionales que propusieron la inclusión del quinto delito internacional ante el Estatuto de Roma3. Otros actores, como el Centro de DDHH y Ambiente, Ecojustice y la Fiscalía del medio ambiente internacional, también se han unido a esta causa. La meta es lograr que las normas de derecho internacional que regulan el daño ambiental, tengan una naturaleza penal, dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Adicionalmente, existe la tendencia hacia la conceptualización del daño al medio ambiente como un crimen de lesa humanidad, lo que conlleva a la consecuente responsabilidad de los Estados frente a la Corte Penal Internacional. Una evidencia de este enfoque se encuentra en la publicación del documento para seleccionar y priorizar los casos de delitos ambientales, presentado por la oficina de la Fiscalía de la CPI del 15 de septiembre de 2016. Según el párrafo 41 de dicho documento, se estableció la evaluación del impacto derivado a causa de estos crímenes, considerando el grado del daño ambiental generado. Este enfoque genera una evaluación especial para aplicar la judicialización a los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma que estén vinculados con la destrucción del medio ambiente. (Campusano D.R; Acevedo E.H, 2018) En el contexto actual, las ambigüedades o dudas para reconocer el delito de crimen ambiental enfocado en el Derecho Penal Internacional (CPI), han tenido avances, especialmente en la definición de terminologías sobre crímenes ambientales4, Este avance se sustenta en diversas investigaciones académicas documentadas, según Mistura (2018, p.196). Actualmente la criminología verde supera la regulación penal nacional y tiende a ser definida como un crimen contra la humanidad, específicamente el crimen de ecocidio, junto con los de crímenes de guerra, lesa humanidad y de genocidio. Por su parte, la legislación colombiana se está alineando con las tendencias internacionales, como se observa en la promulgación de la Ley 2111 de 20215 , titulada: “por medio del cual se sustituye el Título XI ‘De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente’ de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones”. Esta ley otorga especial importancia a la inclusión del ecocidio como un delito ambiental, señalando en su artículo 1 que sustituye entre otros el artículo 333 del Código Penal Colombiano. Las implicaciones penales que se derivan de esta norma, como el ajuste en el código penal y su impacto en las políticas públicas y la política criminal colombiana (Consejo Superior Politica Criminal , 2016) Esto requiere un giro en los procedimientos sancionatorios a través de las instituciones responsables. El objetivo principal de esta acción radica en la evaluación de políticas ambientales, observando la política criminal ambiental en Colombia, con el propósito de verificar si se encuentran ajustadas a los criterios de la criminología verde. La metodología adoptada para esta investigación es de naturaleza dogmática. Por lo cual, se realizó una revisión sistemática en las bases de datos bibliográficos que incluyeron: artículos científicos especializados, libros, revistas científicas, entre otros. Además, se examinaron sentencias nacionales principalmente de la Corte Constitucional que se relacionan con los conflictos surgidos en torno a la aplicación de la Ley 2111 de 2021. Como conclusión, se identifica una deficiencia en la ley 2111, sobre la implementación por parte de los organismos en cargado de la investigación (penal o administrativa) hacia la judicialización de estos delitos, basada en las respectivas inspecciones de las entidades a cargo, donde no se aprecian los flujogramas que establecen los procedimientos acordes y coordinados de manera efectiva entre las diferentes instituciones involucradas. Port lo cual, esto afecta directamente la eficacia en la aplicación de la referida Ley.