Derechos Políticos y Limitaciones por Sanciones Disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación como Mecanismo de Lucha Contra la Corrupción
Por su importancia para la democracia y el ejercicio de los demás derechos humanos, los derechos políticos demandan un régimen especial de protección, con arreglo al cual debe interpretarse el artículo 23 de la Convención Americana. Sin embargo, en Colombia se admiten diferentes modalidades de restr...
- Autores:
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Rosas Calvo, Andrés Giovanni
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2021
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Por su importancia para la democracia y el ejercicio de los demás derechos humanos, los derechos políticos demandan un régimen especial de protección, con arreglo al cual debe interpretarse el artículo 23 de la Convención Americana. Sin embargo, en Colombia se admiten diferentes modalidades de restricción, como las sanciones disciplinarias que permiten a la Procuraduría General de la Nación (órgano no judicial) castigar a servidores públicos democráticamente elegidos con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Pese al fallo de la Corte Interamericana en el Caso Petro Urrego vs Colombia, aún se estima que dicha potestad sancionatoria es legítima para luchar contra la corrupción. Debe examinarse el asunto mediante un control de convencionalidad, aplicando un juicio de proporcionalidad. |
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Const.], Sala Plena. (17 de octubre de 2013) Sentencia SU-712. [MP Jorge Iván Palacio] Corte Constitucional [C. Const.], Sala Plena. (16 de julio de 2014) Sentencia C-500. [MP Mauricio González Cuervo] Corte Constitucional [C. Const.], Sala Plena. (11 de junio de 2015) Sentencia SU-355. [MP Mauricio González Cuervo] Corte Constitucional [C. Const.], Sala Plena. (24 de octubre de 2018) Sentencia C-101. [MP Gloria Stella Ortiz Delgado] Corte Constitucional [C. Const.], Sala Plena. (27 de febrero de 2019) Sentencia C-086. [MP Luis Guillermo Guerrero Pérez] Corte Constitucional [C. Const.], Sala Plena. (13 de marzo de 2019) Sentencia C-111. [MP Carlos Bernal Pulido] Corte Constitucional [C. Const.], Sala Quinta de Revisión. (16 de febrero de 2015) Sentencia T-066. [MP Gloria Stella Ortiz Delgado] Corte Constitucional [C. Const.], Sala Quinta de Revisión. (24 de septiembre de 2019) Sentencia T-433. [MP Antonio José Lizarazo Ocampo] Corte Constitucional [C. Const.], Sala Séptima de Revisión. (19 de junio de 1992) Sentencia T-422. [MP Eduardo Cifuentes Muñoz] Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]. (2 de febrero de 2001) Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]. (23 de junio de 2005) Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]. (26 de septiembre de 2006) Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]. (6 de agosto de 2008) Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]. (1 de septiembre de 2011) Caso López Mendoza vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]. 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El Correo de la Unesco: una ventana abierta al mundo. |
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Sin embargo, en Colombia se admiten diferentes modalidades de restricción, como las sanciones disciplinarias que permiten a la Procuraduría General de la Nación (órgano no judicial) castigar a servidores públicos democráticamente elegidos con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Pese al fallo de la Corte Interamericana en el Caso Petro Urrego vs Colombia, aún se estima que dicha potestad sancionatoria es legítima para luchar contra la corrupción. Debe examinarse el asunto mediante un control de convencionalidad, aplicando un juicio de proporcionalidad.Due to their importance for democracy and the exercise of other human rights, political rights require a special protection regime, according to which Article 23 of the American Convention must be interpreted. However, in Colombia different types of restriction are allowed, such as disciplinary sanctions through which the National Office of Internal Affairs (a non-judicial authority) can to punish democratically elected public officials with dismissal and inability to hold public office. Despite the ruling of the Inter-American Court in the Petro Urrego vs. Colombia Case, it is still considered that said sanctioning power is legitimate to fight corruption. The matter should be examined by means of a conventionality control, applying a proportionality test.Magister en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionaleshttp://unidadinvestigacion.usta.edu.coMaestríaapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásMaestría Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y Cortes InternacionalesFacultad de DerechoAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Derechos Políticos y Limitaciones por Sanciones Disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación como Mecanismo de Lucha Contra la Corrupciónmaster thesisTesis de maestríainfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisPolitical rightsrestrictionsdemocracyNational Office of Internal Affairsdisciplinary sanctionselected public servantsAmerican Conventionfight against corruptionconventionality controlproportionality testCorrupciónSanciones legalesDerecho penalDerechos políticosrestriccionesdemocraciaProcuraduría General de la Naciónsanciones disciplinariasservidores públicos electosConvención Americanalucha contra la corrupcióncontrol de convencionalidadtest de proporcionalidad.CRAI-USTA BogotáAhumada, M. (2005). La jurisdicción constitucional en Europa. Bases teóricas y políticas. (1a ed.). S.L. Civitar ediciones.Bernal, C. (2005). El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales. Universidad Externado de Colombia.Comité de los Derechos Humanos de la ONU. (1996). Observación General N.° 25, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 25—La participación en los asuntos públicos y el derecho de voto [Página de biblioteca]. Comentarios generales del Comité de Derechos Humanos. http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/Sgencom25.htmlConcha, M. (1994). Los derechos políticos como derechos humanos (1a ed.). UNAM.Consejo de Estado [CE], Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. (9 de agosto de 2016) Número de referencia 110010325000 2011-00316, Número interno 1210-11. [CP William Hernández Gómez]Consejo de Estado [CE], Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. (15 de noviembre de 2017) Radicado nro. 110010325000 2014-00360, No. interno 1131-2014. [CP César Palomino Cortés]Constitución Política de Colombia [Const.]. 1991. (Colombia).Convención Americana sobre Derechos Humanos [CADH]. 22 de noviembre de 1969.Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción [CNUCC]. 31 de octubre de 2003.Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 27 de mayo de 1969.Convención Interamericana contra la Corrupción [CICC]. 29 de marzo de 1996.Corte Constitucional [C. Const.], Sala Cuarta de Revisión. (28 de mayo de 2004) Sentencia T-544. [MP Jaime Córdoba Triviño]Corte Constitucional [C. Const.], Sala Plena. (25 de mayo de 1995) Sentencia C-229. [MP Alejandro Martínez Caballero]Corte Constitucional [C. Const.], Sala Plena. (14 de abril de 1999) Sentencia C-222. [MP José Gregorio Hernández Galindo]Corte Constitucional [C. Const.], Sala Plena. (26 de enero de 2006) Sentencia C-028. [MP Humberto Antonio Sierra Porto]Corte Constitucional [C. 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