Confieso que las entidades públicas si confiesan; la ineficacia de la prohibición
En el ordenamiento jurídico colombiano, en particular en el ámbito administrativo, existe una prohibición de confesión para los representantes de entidades públicas que no tiene en la materialidad alcance universal, pues tanto en sede extraprocesal como en el judicial, existen figuras que materialme...
- Autores:
-
Rodríguez Murcia, Fabian Andres
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
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En el ordenamiento jurídico colombiano, en particular en el ámbito administrativo, existe una prohibición de confesión para los representantes de entidades públicas que no tiene en la materialidad alcance universal, pues tanto en sede extraprocesal como en el judicial, existen figuras que materialmente constituyen aceptación de situaciones adversas con implicaciones procesales y que, al margen de su nombre jurídico, constituyen verdaderos escenarios de confesión que no puede el Juez administrativo ignorar al efectuar la valoración probatoria, camino de lo cual terminamos por revaluar el axioma de absoluta prohibición, para aceptar en cambio, la relatividad de su existencia. Si a ello se suma la poca eficacia práctica que, en punto de las finalidades de protección del patrimonio público y el principio de legalidad tiene la prohibición, al descansar en su mayoría sobre la estimación de mala fe del representante legal, encontramos que el ordenamiento posee previsiones suficientes para repeler por conducencia el medio probatorio confesional y en el ámbito personal, se encuentran instituciones y ámbitos de responsabilidad, capaces de enervar cualquier tentativa de ilegalidad o desviación de poder, por lo que entonces también merece cuestionamiento la utilidad misma de la consabida restricción. |
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Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [Ley 1755 de 2015]. Diario Oficial 49.559. Congreso de la República. (30 de octubre de 1993). Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública [Ley 80 de 1993]. Diario Oficial 51.502 Congreso de la República. (6 de marzo de 2014). Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones [Ley 1712 de 2014]. Diario Oficial 49.084 Congreso de la República. (5 de febrero de 2002). Por la cual se expide el Código Disciplinario Único [Ley 734 de 2002]. Diario Oficial 44.708 Congreso de la República. (24 de julio de 2000). Por la cual se expide el Código Penal. [Ley 599 de 2000]. Diario Oficial 44.097 Congreso de la República. 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Tunja.http://hdl.handle.net/11634/33840reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coEn el ordenamiento jurídico colombiano, en particular en el ámbito administrativo, existe una prohibición de confesión para los representantes de entidades públicas que no tiene en la materialidad alcance universal, pues tanto en sede extraprocesal como en el judicial, existen figuras que materialmente constituyen aceptación de situaciones adversas con implicaciones procesales y que, al margen de su nombre jurídico, constituyen verdaderos escenarios de confesión que no puede el Juez administrativo ignorar al efectuar la valoración probatoria, camino de lo cual terminamos por revaluar el axioma de absoluta prohibición, para aceptar en cambio, la relatividad de su existencia. Si a ello se suma la poca eficacia práctica que, en punto de las finalidades de protección del patrimonio público y el principio de legalidad tiene la prohibición, al descansar en su mayoría sobre la estimación de mala fe del representante legal, encontramos que el ordenamiento posee previsiones suficientes para repeler por conducencia el medio probatorio confesional y en el ámbito personal, se encuentran instituciones y ámbitos de responsabilidad, capaces de enervar cualquier tentativa de ilegalidad o desviación de poder, por lo que entonces también merece cuestionamiento la utilidad misma de la consabida restricción.In the Colombian legal system, particularly in the administrative field, there is a prohibition of confession for representatives of public entities that does not have a universal scope in materiality, since both in extra-procedural and judicial headquarters, there are figures that materially constitute acceptance of adverse situations with procedural implications and that, regardless of their legal name, constitute true scenarios of confession that the Administrative Judge cannot ignore when making the evidentiary assessment, through which we end up revaluing the axiom of absolute prohibition, to accept instead , the relativity of its existence. If to this is added the little practical effectiveness that, in terms of the purposes of protection of public heritage and the principle of legality, the prohibition has, since it rests mostly on the estimation of bad faith of the legal representative, we find that the order has Provisions sufficient to repel by conduct the confessional evidence and in the personal sphere, there are institutions and areas of responsibility, capable of enervating any attempt of illegality or misuse of power, so then the very usefulness of the well-known restriction also deserves questioningMagister en Derecho AdministrativoMaestríaapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásMaestría Derecho AdministrativoFacultad de DerechoAtribución 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Confieso que las entidades públicas si confiesan; la ineficacia de la prohibiciónprohibitionconfessionpetitionreportereport written under oathrepresentativeprohibiciónconfesiónpeticióninforme escrito bajo juramentorepresentanteentidad públicaTesis de maestríainfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisCRAI-USTA TunjaAZULA CAMACHO. J. (1998) Manual de Derecho Probatorio. Bogotá Colombia: Temis.Bhorquez A.(1918) “De la confesión como prueba en juicio” Bogotá. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/derecho/de-la-confesion-como-prueba-en-juicio. y citado en (Corte Constitucional C-551, 2016Congreso de la República. (24 de julio de 1931). Código Judicial. [Ley 105 de 1931]. Diario Oficial 21.823.Congreso de la República. (12 de julio de 2012). Código General del Proceso. [ley 1564 de 2012]. Diario Oficial 48.489.Congreso de la Republica. (18 de enero de 2011). Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [Ley 1437 de 2011]. Diario Oficial 47.956.Congreso de la Republica. Gaceta oficial. Recuperado de: https://app-vlex-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/#WW/vid/451469342 y https://app-vlex-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/#WW/vid/451387126Congreso de la República. (30 de junio de 2015). Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [Ley 1755 de 2015]. Diario Oficial 49.559.Congreso de la República. (30 de octubre de 1993). Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública [Ley 80 de 1993]. Diario Oficial 51.502Congreso de la República. (6 de marzo de 2014). Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones [Ley 1712 de 2014]. Diario Oficial 49.084Congreso de la República. (5 de febrero de 2002). Por la cual se expide el Código Disciplinario Único [Ley 734 de 2002]. Diario Oficial 44.708Congreso de la República. (24 de julio de 2000). Por la cual se expide el Código Penal. [Ley 599 de 2000]. Diario Oficial 44.097Congreso de la República. (4 de mayo de 2011). por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. [Ley 1444 de 2011]. Diario Oficial 48.059Congreso de la República. (3 de agosto de 2001). Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. [Ley 678 de 2001]. Diario Oficial 44.509Corte Constitucional (2016). sentencia C-551. MP Jorge Ivan Palacio Palacio. Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-551-16.htmCorte Constitucional. (2005). sentencia C-102. MP Alfredo Beltrán Sierra. Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-102-05.htmCorte Constitucional. 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