La ilegalidad del acto administrativo derivada de la falsa motivación, frente a la desvinculación de los empleados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa (2021)
La validez del acto administrativo depende que los motivos por los cuales se expide sean reales, pertinentes y tengan el mérito suficiente para justificar la decisión que mediante el mismo se haya tomado. Dicho de otra manera, que corresponda al supuesto de hecho y de derecho jurídicamente necesario y válido para la correspondiente expedición del acto. Se trata como lo han expresado diferentes tratadistas, de un requisito material u objetivo, de otro lado, la falsa motivación, como vicio de ilegalidad del acto administrativo, puede estructurarse cuando en las consideraciones de hecho o de derecho que contiene el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho, ya sea porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o, cuando existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto de vista jurídico. En el primer caso, se genera el error de hecho y, en el segundo, el error de derecho. Dado que la falta de motivación de los actos en cuestión involucra la violación al debido proceso, los preceptos de un Estado de Derecho, los principios democráticos y de publicidad del ejercicio de la función pública, tal vicio constituye una causal de nulidad de los actos administrativos que incurran en ese defecto. De este modo, cuando se esté ante una situación en donde se desvincule a un funcionario de carrera en provisionalidad mediante un acto administrativo no motivado, la sanción que dispone el ordenamiento jurídico para dicha actuación es la de la nulidad del acto. Por tal razón, puede afirmarse que, la motivación es la exteriorización de la justificación razonada y objetiva que permite llegar a una conclusión, sin la cual las decisiones se tornan arbitrarias, desproporcionadas e injustas, la necesidad de motivación de los actos administrativos es una carga y un deber que el derecho constitucional y administrativo contemporáneo impone a la administración pública. Por último, la identificación de disposiciones normativas en el ordenamiento jurídico colombiano nos lleva a afirmar que es posible exigir una motivación suficiente a las autoridades administrativas. De hecho, la eliminación legislativa de la motivación sumaria o sucinta nos permite constatar que cada vez más resulta obligatorio para la Administración pública justificar y fundamentar el contenido de sus decisiones cuando desarrollan facultades discrecionales. Interpretación que podría tomarse en próximas ocasiones para un avance en el alcance y contenido que ha realizado el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en esta materia.