La congestión judicial como un elemento de responsabilidad patrimonial del estado por la dilación injustificada en la administración de justicia.

En un Estado social de Derecho (ESD); como se enmarca el modelo colombiano, se debe propender por la satisfacción de las necesidades básicas de sus asociados y por lo tanto garantizar el amparo de sus derechos fundamentales. Sin embargo, está en entredicho la esencia misma del ESD, ya que se present...

Full description

Autores:
Rincón Arango, Claudia Lucia
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Universidad Santo Tomás
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/33917
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/33917
Palabra clave:
Administration of justice
Congestion
Damage
Efficiency and property liability
Derecho Administrativo
Administración de justicia
congestión judicial
Daño
Eficiencia y responsabilidad patrimonial
Rights
openAccess
License
CC0 1.0 Universal
Description
Summary:En un Estado social de Derecho (ESD); como se enmarca el modelo colombiano, se debe propender por la satisfacción de las necesidades básicas de sus asociados y por lo tanto garantizar el amparo de sus derechos fundamentales. Sin embargo, está en entredicho la esencia misma del ESD, ya que se presentan serias falencias en su estructura y, un paradigma que no escapa a ello se evidencia en la deficiente administración de justicia. Por consiguiente, fenómenos como la “congestión judicial” permiten aducir que existe un alto grado de vulnerabilidad de los asociados frente a la celeridad con la que se resuelven sus asuntos, volviéndose, en muchos de los casos, nugatoria la posibilidad de obtener una solución rápida que ampare de manera efectiva los derechos y garantías procesales de las personas que acceden a la administración de justicia en Colombia. Así, mediante el presente trabajo de investigación se analiza el escenario de la congestión judicial como un elemento de responsabilidad del Estado en relación a la garantía de protección del derecho fundamental a la administración de justicia y los consecuentes daños que se han de ocasionar ante la nugatoria eficiencia del servicio.