Ley 2080 de 2021 y la constitucionalización del derecho administrativo en Colombia.

A partir de la segunda guerra mundial, los Estados determinaron la incorporación en los ordenamientos jurídicos del concepto de Derechos Humanos, como facultades propias e inherentes a las personas por su sola condición de tales. En esta medida, las naciones se organizaron y dentro de sus núcleos se profirieron instrumentos supranacionales que contienen el catálogo de los derechos que cada nicho particular está dispuesto a incorporar, existiendo uno general en el que participan la mayoría de los Estados, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En América, se adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos, Colombia ha ratificado los dos tratados internacionales mencionados y a partir de la Constitución de 1991 los incorporó al ordenamiento jurídico interno. Así como Colombia adaptó su normatividad a los Derechos reconocidos por la comunidad internacional, y dentro del ordenamiento jurídico les concedió un carácter preferencial y fuente de interpretación y aplicación de las normas, este ha sido el efecto común en la mayoría de los Estados parte en los tratados mencionados, los cuales a través de sus constituciones han reconocido e internalizado los conceptos de Derechos Humanos y los han tenido como principios rectores del funcionamiento de la administración. De esta forma, al interior de los sistemas normativos de cada Estado, la Constitución política, al ser la carta de navegación de todas las instituciones y de la administración de justicia, es la que contiene los principios que la rigen y los fines que persigue. En esta medida, las demás normas del ordenamiento, se adaptan al texto constitucional, bien sea a través de las decisiones judiciales o de las novedades legislativas para apegarse a los principios ordenadores, esto es a lo que se conoce como constitucionalización del Derecho. El derecho Administrativo y Contencioso Administrativo no son ajenos a este proceso de constitucionalización, en el que intervienen de manera importante, puesto que ellos regulan las actuaciones de la administración y la forma en que se adelantan los procesos judiciales con miras al control de dichas actuaciones. En Colombia el proceso de constitucionalización del derecho administrativo comenzó con la expedición de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, luego de un juicioso proceso de análisis de las necesidades normativas en el que participó el gobierno, la academia y miembros de la propia jurisdicción. Este informe pretende recopilar los principales elementos en relación con el avance del mencionado proceso de constitucionalización, especialmente evaluar lo aportado con la expedición de la Ley 2080 de 2021, la cual surge en medio de la emergencia sanitaria por Covid 19, aunque su trámite ya había iniciado previamente, ante las circunstancias cambiantes, también fue necesario hacer ajustes para que el Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo resultara más cercano a los habitantes, en medio de la situación. Adicional a lo aprendido durante la realización del Diplomado, se realizó profundización principalmente en lo que tiene que ver con el concepto de constitucionalización y los antecedentes del mismo, puesto que el análisis de la norma por ser de carácter reciente, se basa principalmente en el estudio personal realizado a las modificaciones que trajo la Ley.

• Autores: Arias Ladino, Eidy Yanith
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Universidad Santo Tomás
• Repositorio: Universidad Santo Tomás
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.usta.edu.co:11634/45838
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11634/45838
• Rights: openAccess
• License: CC0 1.0 Universal