Comparación de algunas formas de agresión al bien jurídico de la administración pública entre Colombia y Brasil desde 2018 a 2020 (2020)
Los delitos contra la administración pública están estrechamiento ligados a la corrupción. En este contexto, los códigos penales de Colombia y Brasil buscan disuadir a los funcionarios públicos y particulares para que no infrinjan sus contenidos normativos, y de esta manera no se vean abocados a enfrentar las penas por los delitos que eventualmente puedan cometer. Estos delitos, señalados en los artículos 397 a 434B del Código Penal Colombiano, requieren de un sujeto activo cualificado o servidor público para su observancia. Los mismos se materializan cuando se presentan conductas que atentan contra la función o gestión pública, o contra bienes públicos, o también contra los servidores públicos. A su vez, el Código Penal brasileño castiga los delitos cometidos por agentes públicos que no hacen uso adecuado de los recursos públicos que les son confiados, según lo previsto en los artículos 312 a 327. Es importante señalar que el tráfico de influencias y la corrupción activa hacen parte de los delitos de particulares contra la administración en general