Mecanismos de Gobernanza AMbiental en la franja Amazónica de Colombia y Perú: un análisis para el periodo 2018-2022 (2023)
Las Repúblicas de Colombia y Perú comparten una larga frontera amazónica, lo que implica una gran cantidad de recursos naturales y la necesidad y responsabilidad de una gestión ambiental sostenible en la región; planteando desafíos y oportunidades en términos de regulación ambiental y coordinación entre los gobiernos. Por lo tanto, existe la necesidad de garantizar la protección de dichos espacios y recursos, así como también el cumplimiento de los derechos de las comunidades locales, lo que está directamente relacionado con la regulación ambiental y el papel de los poderes públicos en este ámbito. Se supone que la Gobernanza Ambiental de ambas Repúblicas en asuntos de frontera amazónica sea significativa, ya que las decisiones y políticas adoptadas por estos órganos gubernamentales pueden tener un impacto directo en la protección y conservación del medio ambiente en la región fronteriza. Sin embargo, puede que existan diferencias en la labor gubernamental para abordar los desafíos ambientales en cada país, lo que podría influir en la efectividad de las políticas y regulaciones ambientales en la zona de frontera. Concluyendo, que existen notorias diferencias que no solo se evidencia en el tiempo de creación de las legislaciones, sino en la cultura, los procesos y la aplicabilidad de los programas. De otra parte, se logró identificar, como primera medida que Colombia es un Estado con una amplia legislación y regulación ambiental que ha predominado en el último periodo de tiempo y que reconoce el derecho a un ambiente sano y al respeto y protección por los ecosistemas; sin embargo, la falta de aplicación de la norma y las deficiencias en el trabajo mancomunado con las comunidades de los territorios amazónicos, así como los problemas ligados a la violencia, han realizado un efecto inverso, aumentando la problemática en lugar de disminuirla. Por otra parte, en el caso peruano, se encuentra menor legislación, así como responsabilidad total del Estado en el asunto en cuestión y dispersión entre actores, siendo el gobierno nacional el encargado de la toma de decisiones y la planeación de las estrategias de la frontera amazónica.