Potestad sancionatoria de la PGN: marco normativo creado por el caso Petro Urrego en la Corte IDH
Este artículo se enfoca en examinar el alcance de la facultad sancionadora ejercida por la Procuraduría General de la Nación (PGN) con relación a los funcionarios públicos elegidos popularmente, a la luz de la nueva realidad normativa creada a raíz del caso Petro Urrego. El objetivo principal es det...
- Autores:
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Valero Correa, Luz Yamile
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Universidad Santo Tomás
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- http://hdl.handle.net/11634/51385
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Este artículo se enfoca en examinar el alcance de la facultad sancionadora ejercida por la Procuraduría General de la Nación (PGN) con relación a los funcionarios públicos elegidos popularmente, a la luz de la nueva realidad normativa creada a raíz del caso Petro Urrego. El objetivo principal es determinar si las modificaciones realizadas a las atribuciones de supervisión y control de la entidad administrativa se ajustan a los estándares internacionales establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Para lograr este propósito, se lleva a cabo una comparación entre las disposiciones del régimen disciplinario colombiano y las garantías judiciales y derechos políticos consagrados en el tratado, con el fin de evaluar si las características del poder disciplinario se alinean con las 1 disposiciones del instrumento de derecho internacional. Las conclusiones del análisis revelan la existencia de un error por parte del legislador, debido a una notable omisión en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la CADH. Esto implica que las reformas implementadas en el marco normativo colombiano no se ajustan plenamente a los estándares internacionales y, por lo tanto, pueden generar vulneraciones a los derechos políticos de los funcionarios públicos elegidos popularmente. Es fundamental abordar esta problemática y corregir las deficiencias identificadas, a fin de garantizar el respeto y la protección de los derechos políticos de todos los funcionarios públicos y asegurar la plena compatibilidad del ordenamiento jurídico colombiano con las obligaciones internacionales asumidas en el ámbito de los derechos humanos. |
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El objetivo principal es determinar si las modificaciones realizadas a las atribuciones de supervisión y control de la entidad administrativa se ajustan a los estándares internacionales establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Para lograr este propósito, se lleva a cabo una comparación entre las disposiciones del régimen disciplinario colombiano y las garantías judiciales y derechos políticos consagrados en el tratado, con el fin de evaluar si las características del poder disciplinario se alinean con las 1 disposiciones del instrumento de derecho internacional. Las conclusiones del análisis revelan la existencia de un error por parte del legislador, debido a una notable omisión en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la CADH. Esto implica que las reformas implementadas en el marco normativo colombiano no se ajustan plenamente a los estándares internacionales y, por lo tanto, pueden generar vulneraciones a los derechos políticos de los funcionarios públicos elegidos popularmente. Es fundamental abordar esta problemática y corregir las deficiencias identificadas, a fin de garantizar el respeto y la protección de los derechos políticos de todos los funcionarios públicos y asegurar la plena compatibilidad del ordenamiento jurídico colombiano con las obligaciones internacionales asumidas en el ámbito de los derechos humanos.This article examines the scope of the sanctioning power exercised by the Office of the Attorney General (PGN) against publicly elected officials in accordance with the new regulatory framework created by the Petro Urrego case, focusing on determining whether the modifications made to the oversight authority of the administrative entity comply with the international standards enshrined in the American Convention on Human Rights (CADH). To this end, a comparison is made between the norms of the Colombian disciplinary regime and the judicial guarantees and political rights enshrined in the treaty, revealing whether the characteristics of the disciplinary power are consistent with the international legal instrument. The conclusions highlight a legislative oversight and substantial omission in complying 2 with the guidelines set forth by the CADH. It is essential to address this issue and correct the identified deficiencies in order to ensure respect for and protection of the political rights of all publicly elected officials and to ensure full compatibility of the Colombian legal framework with the international obligations assumed in the field of human rights.Magister en Derecho PúblicoMaestríaapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásMaestría Derecho PúblicoFacultad de DerechoAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Potestad sancionatoria de la PGN: marco normativo creado por el caso Petro Urrego en la Corte IDHColombiasanctioning powerjudicial guaranteespolitical rightspolitical rightsDerecho públicoDerechos humanosDerechos humanos -- Derecho y legislaciónColombiaPotestad sancionatoriagarantías judicialesacción disciplinariaderechos políticosTesis de maestríainfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisCRAI-USTA BogotáC-146/21 (20 de Mayo de 2021). 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Obtenido de Sesiones: 32 https://concejodebogota.gov.co/destitucion-de-petro-duro-golpe-a-lademocracia/cbogota/2013-12-10/083351.phpCongreso de la República. (2021, 29, Junio). Ley 2094 de 2021. Colombia: Diario Oficial (D.O): 51.720. Recuperado el 29 de Abril de 2023, de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2094_2021.htmlConsejo de Estado. (Marzo de 2014). Tribunal Administrativo del Magdalena. Obtenido de https://www.d1tribunaladministrativodelmagdalena.com/images/Jurisprudencia/Consejo_ de_Estado/TUTELA_CE_CASO_PETRO.pdfConsejo de Estado. (Noviembre de 2017). Consejo de Estado. Obtenido de Publicaciones: https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/publicaciones/06-12- 2017_201400360.pdfConstitución Política de Colombia (Const. P). (1991). Artículo 118 (Título V). Colombia. Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). 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