Justicia Afrocolombiana en el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato -COCOMACIA- (2017)
Los descendientes de africanos en América, conservaron prácticas de justicia propia, procedentes de sus lugares de origen; asimismo, con la trata transatlántica, se extrapolo cultura, formas sociales organizativas, costumbre y prácticas ancestrales, que hoy por hoy se expresan en una nueva cultura afrocolombiana, acuñada en los procesos de esclavización, colonización, gesta libertaria y movilización social. De allí que se propusiera el realizar una reflexión sobre la existencia de elementos consuetudinarios y normativos en el Derecho Propio y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que permitan aportar a la discusión sobre la existencia y reconocimiento de un sistema jurídico de la población afrocolombiana, más allá de los mecanismos alternos de resolución de conflictos creados por el Estado y adoptados por las estructuras organizativas del Movimiento Social Negro, Afrocolombiano Palenquero y Raizal. La presente investigación, se justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia social, por su conveniencia reflejada en los beneficios netos que genera. Metodológicamente la investigación se aborda desde el enfoque cualitativo por su proximidad con los procesos de los movimientos sociales, con la aplicación de un tipo de estudio documental y de campo que muestra de manera descriptiva y analítica las prácticas de justicia propia en el Consejo Comunitario objeto de estudio; permitiendo arribar a resultados como que la normativa internacional relativa a pueblos y comunidades indígenas o tribales, reconoce derechos a los pueblos como sujetos colectivos del Derecho Internacional, puesto que los pueblos y comunidades indígenas o tribales, cohesionados por sus particulares formas de vida e identidad, ejercen algunos derechos reconocidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos desde una dimensión colectiva. Lo anterior, permitió llegar a, entre otras, la siguiente conclusión: que la legislación colombiana no ha determinado puntualmente las mismas funciones jurisdiccionales otorgadas a las comunidades negras, este reconocimiento ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que avala el sistema de derecho propio; sin embargo, este reconocimiento no será suficiente mientras no se adopte una postura de Estado desde el reconocimiento, respeto y garantía de los sistemas de justicia propia de las comunidades afrocolombianas, como verdaderas oportunidades de acceso a la justicia, más allá de los métodos alternos de solución de conflictos.