Análisis de la administración desleal y la corrupción en el sector privado a la luz de la legislación colombiana y el derecho comparado

Es frecuente escuchar a nuestros gobernantes e importantes líderes de opinión decir que la “corrupción es el peor de los males de las sociedades”; y es que, sin temor a equivocarnos, no debe existir en el mundo un solo país que no haya sido víctima de este fenómeno, que, sin ser nuevo ni propio de nuestra cultura latinoamericana, cada vez es más perceptible no solo en el sector público sino también en el sector privado, el cual cada vez se ve más comprometido con los grandes escándalos a nivel nacional e internacional. La acepción más generalizada del término es la que la Real Academia Española (RAE) nos ofrece en los siguientes términos: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, es la práctica que consiste en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. En esta misma línea, otras instituciones desarrollan el concepto haciendo especial énfasis en el factor: Abuso del Poder. Por ejemplo, la más grande organización internacional contra la corrupción (Transparency International) define este fenómeno como “… el abuso del poder encomendado para el beneficio privado…." En una campaña de Transparency International, en diciembre del año 2015, se expusieron los quince casos de corrupción más graves del mundo en los que podríamos destacar tan solo unos pocos como el del ex presidente Mohamed Hosni Mubarak -quien fue acusado de desviar mil millones de dólares de fondos oficiales egipcios-, o el de Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá -acusado de desviar 100 millones de dólares de dinero oficial, a la par de violar derechos humanos-; o en el que podríamos identificar también otros casos del sector privado, como el del órgano rector del futbol mundial, FIFA, cuyos altos funcionarios fueron acusados de robar millones (existen 81 casos detectados de lavado de dinero), o como el del gigante petrolero Petrobras del cual se reportan alrededor de 2 mil millones de dólares en sobornos a políticos. Estos ejemplos tan visibles nos enseñan que el problema del que hablamos empaña por igual a todos los sectores de la sociedad, aunque principalmente sea el sector público y los efectos negativos al erario los que nos generan mayor indignación, ya sea porque los ciudadanos perciben que el dinero que pagan por impuestos se desvía para satisfacer intereses particulares, o porque simplemente no se destina para el cumplimiento de los fines estatales. Tal vez sea esa la razón por la que, es el sector público en el que el Estado ha concentrado sus mayores esfuerzos a través del derecho penal, principalmente a través de los delitos contra la administración pública. Pensando en ello, es que de una forma acertada el historiador económico Joel Mokyr señaló en la X Conferencia Figuerola en la Fundación Ramón Areces (Madrid, España) que “La corrupción es el peor enemigo del desarrollo”, y es que no hay posibilidad alguna de que la economía y el bienestar social crezcan para un país en la misma proporción en la que crece su corrupción. Es decir, mientras existan quienes arbitrariamente hagan uso de su poder para obtener beneficios para ellos mismos o para otros, habrá también pobreza, inseguridad, carencias en el sistema de salud, de transporte, de educación, entre otros, que fortalecerán cualquier forma de desigualdad social e impedirán un sano crecimiento nacional. Colombia, por ejemplo, es tal vez uno de los países que más ha sufrido de los efectos de la corrupción4: además de sonados casos en la administración pública y en la administración de justicia, como el del Fiscal Gustavo Moreno, Agro ingreso Seguro, Odebrecth, Trasmilenio, Saludcop, Colpensiones, por mencionar solo algunos, casos como el de la BMC, Estraval, Interbolsa o Petrotiger, son sólo unos pocos titulares que por meses han invadido nuestra prensa nacional para recordarnos el doloroso panorama que está profundamente arraigado a nuestra realidad no solo en el sector público sino también en el sector privado. Por esta y por muchas otras razones, casi todos Estados-Nación han estado siempre en busca de soluciones efectivas que disminuyan los casos de corrupción dentro de sus territorios; algunos casos de notorio éxito son los de Dinamarca, Finlandia, Suecia o Nueva Zelanda, quienes con mucha regularidad se disputan los primeros puestos en las mediciones de percepción de corrupción (IPC) o de desarrollo humano (IDH). Lastimosamente, la preocupación por hacer frente a este fenómeno ha concentrado los esfuerzos del legislador, las autoridades y la sociedad para entender, prevenir, combatir y sancionar la corrupción en el ámbito público, como si el fenómeno, hasta ahora, careciera de importancia en el sector privado. Con razón lo señala Miguel Gómez Martínez (Portafolio, abril 2012), profesor de Colegio de Estudios Superiores de Administración; la corrupción, sea pública o privada, es un desangre, pues genera ineficacia, costos ocultos, pérdida de productividad, no siendo cierto que los únicos que roben sean los funcionarios públicos, lo que refleja que la crisis ética y moral de la sociedad es total. Por ello, escándalos tan grandes a nivel mundial como el de Stanley Morgan, Enron, Satyam Computer, Volswagen, y para no ir tan lejos Petrotiger, han dejado ver la necesidad de castigar la actuación de administradores y empleados que, utilizando su cargo, y con propósitos económicos, trasgreden sus deberes.

• Autores: Ballesteros Correa, Fabio Orlando
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2018
• Institución: Universidad Santo Tomás
• Repositorio: Universidad Santo Tomás
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.usta.edu.co:11634/10509
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11634/10509; http://dx.doi.org/10.15332/tg.mae.2017.00171
• Palabra clave: Transparency International; Administración Desleal; Corrupción; Sector Privado; Legislación Colombiana; Derecho Comparado; Abuso de Poder; Violación de los Derechos Humanos
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