Potestad sancionatoria de la PGN: Marco normativo creado por el caso Petro Urrego en la Corte IDH (2023)
Este artículo se enfoca en examinar el alcance de la facultad sancionadora ejercida por la Procuraduría General de la Nación (PGN) con relación a los funcionarios públicos elegidos popularmente, a la luz de la nueva realidad normativa creada a raíz del caso Petro Urrego. El objetivo principal es determinar si las modificaciones realizadas a las atribuciones de supervisión y control de la entidad administrativa se ajustan a los estándares internacionales establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Para lograr este propósito, se lleva a cabo una comparación entre las disposiciones del régimen disciplinario colombiano y las garantías judiciales y derechos políticos consagrados en el tratado, con el fin de evaluar si las características del poder disciplinario se alinean con las 1 disposiciones del instrumento de derecho internacional. Las conclusiones del análisis revelan la existencia de un error por parte del legislador, debido a una notable omisión en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la CADH. Esto implica que las reformas implementadas en el marco normativo colombiano no se ajustan plenamente a los estándares internacionales y, por lo tanto, pueden generar vulneraciones a los derechos políticos de los funcionarios públicos elegidos popularmente. Es fundamental abordar esta problemática y corregir las deficiencias identificadas, a fin de garantizar el respeto y la protección de los derechos políticos de todos los funcionarios públicos y asegurar la plena compatibilidad del ordenamiento jurídico colombiano con las obligaciones internacionales asumidas en el ámbito de los derechos humanos.