La implementación de un Tribunal penal internacional Ad-Hoc e híbrido en Colombia para juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno
La Justicia Penal Internacional en la última década del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, ha alcanzado un amplio y significativo desarrollo, de la cual Colombia no ha sido ajena, ha traído nuevos retos, paradigmas y enfoques que impactan el mundo del derecho, el cual debe avanzar y ajus...
- Autores:
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Bastidas Moreno, Ana Julieth
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
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La Justicia Penal Internacional en la última década del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, ha alcanzado un amplio y significativo desarrollo, de la cual Colombia no ha sido ajena, ha traído nuevos retos, paradigmas y enfoques que impactan el mundo del derecho, el cual debe avanzar y ajustarse a estos nuevos desafíos; ante este panorama surge la problemática relacionada con la Justicia Transicional en Colombia, la cual ha ido en búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno Colombiano. Haciendo un recuento histórico, las negociaciones por la paz en Colombia iniciaron en 1984 con el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur, se pactaron treguas y obligaciones hacia la paz con las FARC, el EPL y el M19, pero los grandes políticos y economías se resistieron a aplicar los acuerdos y la fuerza pública no amparó el cese al fuego, de forma que se retorna a las rivalidades. Para 1989 al expedir una política de paz, el gobierno de Virgilio Barco pacta la paz con el M19, con propuestas de transformaciones. En 1991, al instalarse la asamblea nacional constituyente, el gobierno de Cesar Gaviria estipula la paz con el EPL y con los ejércitos campesinos PRT e indígenas MAQL. La democracia conseguida por una nueva Constitución hizo que una parte minoritaria del ELN, la CRS, pactara la paz en 1994. Para la primera década del siglo XXI, cabe recordar que la negociación política continuo con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, llevando acabo la desmovilización de un aproximado de 32.000 combatientes de las autodefensas unidas de Colombia, lo anterior se materializó a través de la Ley 975 de 2005, conocida con el nombre de “Ley de Justicia y Paz”. Hasta el día de hoy, los gobiernos es nuestro país han creado legislaciones para conseguir la paz, y los últimos gobiernos han aplicado en sus leyes la JT. Por ejemplo, según los informes de Ministerio de Justicia y del Derecho: “Colombia cuenta con casi diez años de experiencia en la formulación e implementación de mecanismos de JT. Desde el año 2005 a la actualidad, se han expedido leyes formulando políticas públicas y puesto en marcha mecanismos de JT tanto de Justicia Penal y rendición de cuentas de los excombatientes, como de aclaración de la verdad y de reparación a las víctimas.” Una de las legislaciones más polémicas ha sido la del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y de la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, documento firmado en el año 2016 entre delegados y delegadas del gobierno Nacional, presidido por el entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón y delegados y delegadas de las FARC-EP específicamente con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este Acuerdo Final de la Habana, ha generado críticas de diferentes analistas nacionales e internacionales, uno de ellos es el caso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien manifestó en un escrito enviado a la Corte Constitucional en el año 2017, que “La JEP podrían generar impunidad, básicamente por vulnerar la responsabilidad del mando y las amnistías o indultos, puesto que según el artículo 23 de la Ley 1820 de 2016 no podrán concederse a individuos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, u otras conductas violentas.” Por ello está investigación está enfocada en el reconocimiento de derechos y garantías para las partes del conflicto, desde la óptica del Derecho Penal Internacional. |
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ARONNEAU, E. (1947). Das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Nouvelle Reveue de Droit International Privé. (págs. 8-9). New York: Librairie Gallimard. BASSIONUI, M. (2013). El Memorándum de San Francisco y el Acuerdo de Londres. En M. C. Bassiouni, Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application (pág. 5). CAMBRIDGE: CAMBRIDGE. CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. (1945). Carta de las Naciones Unidas. Obtenido de CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS: https://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html CICR. (1994). Comité Internacional de la Cruz Roja . Obtenido de Cómite Internacional de la Cruz Roja : https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1994-statute-tribunal-rwanda-5tdmhw.htm Dag Hammarsjöld Library Of Onu. (2011). Biblioteca Dag Hammarskjöld. Obtenido de Biblioteca Dag Hammarskjöld: https://research.un.org/es/docs/law/courts EEUU,Francia,UK y URSS. (1945). Estatuto del TMI de Nuremberg. 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Haciendo un recuento histórico, las negociaciones por la paz en Colombia iniciaron en 1984 con el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur, se pactaron treguas y obligaciones hacia la paz con las FARC, el EPL y el M19, pero los grandes políticos y economías se resistieron a aplicar los acuerdos y la fuerza pública no amparó el cese al fuego, de forma que se retorna a las rivalidades. Para 1989 al expedir una política de paz, el gobierno de Virgilio Barco pacta la paz con el M19, con propuestas de transformaciones. En 1991, al instalarse la asamblea nacional constituyente, el gobierno de Cesar Gaviria estipula la paz con el EPL y con los ejércitos campesinos PRT e indígenas MAQL. La democracia conseguida por una nueva Constitución hizo que una parte minoritaria del ELN, la CRS, pactara la paz en 1994. Para la primera década del siglo XXI, cabe recordar que la negociación política continuo con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, llevando acabo la desmovilización de un aproximado de 32.000 combatientes de las autodefensas unidas de Colombia, lo anterior se materializó a través de la Ley 975 de 2005, conocida con el nombre de “Ley de Justicia y Paz”. Hasta el día de hoy, los gobiernos es nuestro país han creado legislaciones para conseguir la paz, y los últimos gobiernos han aplicado en sus leyes la JT. Por ejemplo, según los informes de Ministerio de Justicia y del Derecho: “Colombia cuenta con casi diez años de experiencia en la formulación e implementación de mecanismos de JT. Desde el año 2005 a la actualidad, se han expedido leyes formulando políticas públicas y puesto en marcha mecanismos de JT tanto de Justicia Penal y rendición de cuentas de los excombatientes, como de aclaración de la verdad y de reparación a las víctimas.” Una de las legislaciones más polémicas ha sido la del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y de la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, documento firmado en el año 2016 entre delegados y delegadas del gobierno Nacional, presidido por el entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón y delegados y delegadas de las FARC-EP específicamente con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este Acuerdo Final de la Habana, ha generado críticas de diferentes analistas nacionales e internacionales, uno de ellos es el caso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien manifestó en un escrito enviado a la Corte Constitucional en el año 2017, que “La JEP podrían generar impunidad, básicamente por vulnerar la responsabilidad del mando y las amnistías o indultos, puesto que según el artículo 23 de la Ley 1820 de 2016 no podrán concederse a individuos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, u otras conductas violentas.” Por ello está investigación está enfocada en el reconocimiento de derechos y garantías para las partes del conflicto, desde la óptica del Derecho Penal Internacional.International Criminal Justice in the last decade of the twentieth century and in the early years of the twenty-first century, has reached a broad and significant development, of which Colombia has not been alien, has brought new challenges, paradigms and approaches that impact the world of law, which must move forward and adjust to these new challenges; Given this scenario, the problem related to Transitional Justice in Colombia arises, which has gone in search of the negotiated solution to the Colombian internal armed conflict. Making a historical account, the negotiations for peace in Colombia began in 1984 with the government of then President Belisario Betancur, truces and obligations towards peace were agreed with the FARC, the EPL and the M19, but the great politicians and economies resisted to apply the agreements and the public force did not protect the ceasefire, so that it returns to rivalries. By 1989 when issuing a peace policy, the government of Virgilio Barco agreed to peace with the M19, with proposals for transformations. In 1991, when the constituent national assembly was installed, the Cesar Gaviria government stipulated peace with the EPL and with the PRT and indigenous MAQL peasant armies. The democracy achieved by a new Constitution caused a minority part of the ELN, the CRS, to agree on peace in 1994. For the first decade of the 21st century, it should be remembered that the continuous political negotiation with the government of then President Álvaro Uribe Vélez, leading I have just demobilized an estimated 32,000 combatants of the United Self-Defense Forces of Colombia, the above materialized through Law 975 of 2005, known as the "Justice and Peace Law". To this day, governments in our country have created laws to achieve peace, and the last governments have applied JT in their laws.For example, according to reports from the Ministry of Justice and Law: “Colombia has almost ten years of experience in the formulation and implementation of JT mechanisms. From 2005 to the present, laws have been issued formulating public policies and implemented JT mechanisms of both Criminal Justice and accountability of ex-combatants, as well as clarification of the truth and reparation to the victims. ”One of The most controversial legislation has been that of the “Final Agreement for the Termination of Conflict and the Construction of a Stable and Lasting Peace”, a document signed in 2016 between delegates and delegates of the National government, chaired by the then President Juan Manuel Santos Calderón and delegates and delegates of the FARC-EP specifically with the creation of the Special Jurisdiction for Peace. This Final Agreement of Havana has generated criticism from different national and international analysts, one of which is the case of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, who stated in a letter sent to the Constitutional Court in 2017, that “The JEP could generate impunity, basically for violating the responsibility of the command and amnesties or pardons, since according to article 23 of Law 1820 of 2016 may not be granted to individuals who have committed crimes against humanity, genocide, crimes of war, or other violent behaviors. ”That is why this investigation is focused on the recognition of rights and guarantees for the parties to the conflict, from the perspective of International Criminal Law.AbogadoPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado DerechoFacultad de DerechoLa implementación de un Tribunal penal internacional Ad-Hoc e híbrido en Colombia para juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado internoINTERNATIONAL COURTINTERNATIONAL CRIMESINTERNATIONAL CRIMINAL LAWFIRST WORLD WARSECOND WORLD WARINTERNATIONAL MILITARY COURTAD HOC INTERNATIONAL CRIMINAL COURTHYBRID CRIMINAL COURTCOURT OUTSIDE THE UN SYSTEMTRANSITIONAL JUSTICESPECIAL JURISDICTION FOR PEACEDerecho penal internacionalDerecho penalDerecho internacionalTRIBUNAL INTERNACIONALCRIMENES INTERNACIONALESDERECHO PENAL INTERNACIONALPRIMERA GUERRA MUNDIALSEGUNDA GUERRA MUNDIALTRIBUNAL MILITAR INTERNACIONALTRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL AD HOCTRIBUNAL PENAL HÍBRIDOTRIBUNAL FUERA DEL SISTEMA DE NNUUJUSTICIA TRANSICIONALJURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAbierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2CRAI-USTA TunjaARONNEAU, E. 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