Paraísos fiscales en Colombia, un análisis retrospectivo e implicaciones (2023)
En la Constitución Política de Colombia, en su artículo 95, se puede verificar que los ciudadanos colombianos se han comprometido a contribuir con las cargas del estado, para coadyuvar, con el gasto público, que redunda en la búsqueda del bienestar común, para que sus conciudadanos pueda lograr mejor calidad de vida, en torno a la salud, la educación, recreación, infraestructura, servicios públicos y demás aspectos que permitan el bienestar de la colectividad en búsqueda del bien común.(Constitución Política, 1991). Las diferentes jurisdicciones establecen sus impuestos y buscan mecanismos que permitan su recaudo, pero es complejo, en contexto globalizado, las empresas, multinacionales y las personas naturales, realizan operaciones en algunas jurisdicciones que generan desigualdades, como son los paraísos fiscales, en estas jurisdicciones es posible que la tributación sea muy baja e inclusive nula, tienen malas prácticas y poca transparencia en las operaciones que realizan, son vistas como aquellas a las cuales las inversiones o capitales que reciben, algunas oportunidades son operaciones secretas, mantienen reserva financiera de sus inversionistas, y posibilitan la ilegalidad, como son, lavado de activos o trata de personas, corrupción, entre otras. Para el caso colombiano, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) viene realizando esfuerzos y buscando mecanismos que minimicen los impactos de evasión y elusión, dado que en contexto internacional el control para lograr que los contribuyentes paguen el impuesto justo, ha sido complejo, máxime en el caso la economía digital, en la que el crecimiento de los negocios digitales ha sido muy significativo (CEPAL, 2019), pese a que actualmente se tiene identificados los paraísos fiscales y existir normatividad aplicable en este contexto.