Análisis de la política de promoción de derechos humanos en Villavicencio - Víctimas de desplazamiento forzado

El Desplazamiento Forzado en Colombia ha sido consecuencia directa de una serie de indistintas situaciones; principalmente el conflicto armado que atañe al país desde finales de la década del 40 y que a través de los lustros se ha recrudecido mucho más en detrimento de la población más vulnerable. E...

Full description

Autores:
Cortés Hernández, Jorge Enrique
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/14234
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/14234
Palabra clave:
Forced displacement
Justice
Public policy
Reparation
Victims
Desplazados por la violencia
Migración interna
Justicia
Desplazamiento forzado
Justicia
Mínimo vital
Política pública
Reparación integral
Víctimas
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Description
Summary:El Desplazamiento Forzado en Colombia ha sido consecuencia directa de una serie de indistintas situaciones; principalmente el conflicto armado que atañe al país desde finales de la década del 40 y que a través de los lustros se ha recrudecido mucho más en detrimento de la población más vulnerable. Esto sumado a la desigualdad social que siempre ha existido en el Estado colombiano alejado de políticas públicas integradoras y de orden meramente social. Es en este orden de ideas, que se han venido estableciendo mecanismos de orden jurídico a nivel central y con la finalidad de que se ejecuten principalmente no solo en el centro del país, que es gran receptor de población desplazada, sino que se multiplique además en las regiones donde el fenómeno ha hecho meya y también se vislumbra las consecuencias del desplazamiento. En este contexto el municipio de Villavicencio como uno de los mayores receptores de este tipo de población, está llamado a promocionar y principalmente a elaborar y ejecutar políticas públicas de carácter integrador no solo las del nivel central, sino las generadas en el contexto regional para de esta forma armonizar las mismas y proporcionar soluciones jurídicas y sociales apropiadas y efectivas para la realidad de las víctimas.