Análisis jurisprudencial de la compensación del daño moral en procesos de reparación directa por privación injusta de la libertad

Las condenas en contra del Estado, siempre han sido un tema de preocupación para quienes manejan las finanzas públicas, y su análisis constante debe llevar a formular o reformular políticas al respecto. Pero más allá del manejo administrativo que se le puede dar, el máximo órgano de la justicia contenciosa administrativa, por ser quien conoce de los procesos promovidos en contra del Estado, puede desde sus pronunciamientos fijar posiciones que de no tomarse con especial cuidado podrían estimular el detrimento patrimonial del Estado, aunque desde luego se trate solo de una consecuencia colateral, en el afán de hacer justicia o de aliviar las cargas de quienes demandan por considerarse víctimas de una actuación u omisión del Estado. Es precisamente, lo que se estima puede estar ocurriendo con las consideraciones que respecto a la compensación del daño moral, tuvo a bien establecer el Consejo de Estado en la sentencia de unificación emitida el 28 de agosto de 2014, en la cual se procuró estandarizar dicha compensación en el caso de los procesos de reparación directa por privación injusta de la libertad, lo que nos condujo a plantearnos ¿Por qué constituye una fuente de detrimento patrimonial del Estado la compensación del perjuicio moral con solo probar el parentesco en los procesos de privación injusta de la libertad?, y para dar una respuesta a tal cuestionamiento se hizo un análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado, específicamente sentencias proferidas por la Sección Tercera en procesos de reparación directa en los que se persigue la declaración de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de una persona, utilizando el método inductivo de conocimiento con el fin de determinar los criterios de la jurisprudencia del Consejo de Estado respecto de la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, y finalmente razonar respecto de la forma en la que hoy por hoy se viene indemnizando el daño moral alegado por los demandantes en este tipo de procesos. Lo anterior, con miras a establecer si los parámetros adoptados por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 para la compensación del daño moral se pueden constituir en fuente de detrimento patrimonial para el Estado.

• Autores: Vergara Ramírez, Elvis Jahird
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2018
• Institución: Universidad Santo Tomás
• Repositorio: Repositorio Institucional USTA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.usta.edu.co:11634/10741
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11634/10741
• Palabra clave: Análisis jurisprudencial; Compensación del daño moral; Reparación directa; Patrimonio del Estado; Responsabilidad del Estado; Consejo de Estado
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