Pasivos ambientales mineros generados por actividades extractivas en Colombia: Marco jurídico, conflictos socioambientales y lineamientos para una gestión sostenible. (2021)
En Colombia, la actividad minero-extractiva de sustancias inorgánicas: minerales, metales como oro y platino, esmeraldas, no metales como materiales de construcción y los de más reciente exploración y explotación, el mineral coltán constituido por columbita (Niobio Nb) y tantalita (Tantalio Ta) y otros elementos químicos del grupo lantánidos, usualmente denominados “tierras raras” (Borda-Mancilla, 2020). La actividad extractiva es ejercida bajo contratos de concesión minera, con una evidente inestabilidad e inseguridad jurídica para salvaguardar derechos individuales de las personas, colectivos de las comunidades étnicas y rurales, afectadas por los impactos ambientales y pasivos ambientales generados por actividades extractivas y cierre de los proyectos, que en otros contextos se describen en forma normativa como faena y post-faena minera cuando se cierra, desmantela y abandona la mina en concesión (en países como Chile, Perú y Bolivia). El problema jurídico identificado por los autores se plantea en la pregunta central de investigación ¿Cuáles son las implicaciones sociojurídicas de los impactos y pasivos ambientales mineros generados por la actividad minero-extractiva y cuáles son los conflictos socioambientales generados sobre las comunidades y los ecosistemas del área de influencia? Basados en las fuentes secundarias revisadas y analizadas sobre diferentes publicaciones y estudios de caso, sobre afectaciones de la pequeña minería y la mediana y gran minería, alguna de manera subterránea y otra a cielo abierto, en diferentes departamentos colombianos se describen los conflictos socioambientales a causa de la explotación extractiva, los IAM y PAM, sobre el ambiente sano, los derechos humanos, la cultura, la salubridad, territorio-territorialidad; además con notables consecuencias en precariedad laboral (FES-ENS, 2014). Los principales estudios de caso, los reportados por Saade-Hazin (2013); Urrea & Calvo (2014); Rentería-Becerra & Fernández-Soto (2018); Gerstenberg & Villegas-González (2019); Ayala-Mosquera et al. (2019). Mediante una investigación cualitativa de tipo sociojurídica, usando el análisis del contexto jurídico-normativo como método, para recopilar y sistematizar la información proveniente de las fuentes secundarias. Para el desarrollo metodológico se abordan tres categorías de análisis: i) normativa minero-ambiental nacional, comparada con países andinos; ii) Impactos Ambientales Mineros (IAM) y los Pasivos Ambientales Mineros (PAM); iii) los derechos humanos y colectivos transgredidos, la normativa minero-ambiental nacional y comparada. El trabajo converge en el planteamiento de lineamientos direccionados hacia una política para la gestión minera sostenible y socialmente responsable, frente a los severos PAM generados por la actividad extractiva, especialmente de megaminería.