Contratación estatal directa con entidades sin ánimo de lucro: revisión de las condiciones de selección a partir del decreto 092 de 2017 (2018)
Los procesos de contratación estatal en el país deben satisfacer el cumplimiento de principios de objetividad, transparencia, economía, eficiencia e igualdad al tenor del mandato constitucional y legal consignado en la ley 80 de 1993. Sin embargo, la posibilidad de la administración para celebrar convenios de cooperación y convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro (ESAL), generaba vulneración a varios de estos principios, y de forma principal al de competencia, al permitirle a la administración escoger de manera directa al contratista o asociado. El Decreto 092 de 2017 introdujo modificaciones importantes al proceso de contratación descrito, que en todo caso siguen generando problemas de interpretación respecto a la contrapartida presupuestal que puede aportar de la ESAL, en cuanto a la necesidad de someter o no el proceso de contratación a competencia y la identificación del tipo de convenio que podría generar dificultades respecto a la idoneidad y selección objetiva eliminando la competencia