Acceso a la propiedad rural en la altillanura colombiana, formalización de la tenencia de la tierra

Mucho se ha decantado sobre la conflictividad entorno al acceso a la tierra en Colombia, varias reformas agrarias de trascendental importancia han dado cuenta del interés de los gobiernos de turno por brindar soluciones a dicho fenómeno, reformas agrarias plasmadas en leyes como: la Ley 200 de 1936,...

Full description

Autores:
Cubides Vesga, Andrea Del Pilar
Nossa Pachón, Dago Alejandro
Niño Penagos, Lehydit Johanna
Rodríguez Sarmiento, Leonardo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/21264
Palabra clave:
Land reform
Rural property
Land tenure
Peace agreement
Barrens
Land restitution
Acuerdo de paz
Reforma agraria
Tenencia de la tierra - Legislación
Derecho administrativo
Tesis y disertaciones académicas
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description Mucho se ha decantado sobre la conflictividad entorno al acceso a la tierra en Colombia, varias reformas agrarias de trascendental importancia han dado cuenta del interés de los gobiernos de turno por brindar soluciones a dicho fenómeno, reformas agrarias plasmadas en leyes como: la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961 y la Ley 160 de 1994, han desarrollado diferentes marcos normativos que han perseguido objetivos similares que se pueden sintetizar en cuatro componentes claves I) Los programas de redistribución de tierras, en tres modalidades: por compra, por expropiación y por cesión de tierras a través del Fondo Nacional Agrario (FNA). II) La formalización de derechos adquiridos a través de la tradición de la posesión (titulación de baldíos) y colonización. III) La definición de derechos históricos de comunidades indígenas (creación o ampliación de resguardos) y titulación colectiva a comunidades negras y IV) Adjudicación de subsidios integrales. Lo anterior sin perjuicio de lo que actualmente sucede en la altillanura colombiana en tratándose de los predios baldíos que están siendo ocupados y explotados por campesinos que en esencia son sujetos de reforma agraria pero que al parecer no figuran en el radar del estado para ser beneficiarios de títulos traslaticios mediante los cuales puedan formalizar la tan anhelada propiedad, a quienes les ha tocado vivir generacionalmente etapas cruentas del conflicto armado colombiano y ahora el presente acápite de la historia nacional llamado posconflicto, que lejos de brindarles una seguridad jurídica y una estabilidad socio cultural en un contexto de paz estable y duradera se han visto abocados a enfrentarse a un nuevo escenario de riesgo para su integridad personal, la de sus familias y las de sus comunidades, en el marco de una tenue gestión de la Agencia Nacional de Tierras ANT y una lánguida presencia estatal en territorios apartados en los que solamente la institucionalidad se ocupa de custodiar los llamados activos estratégicos ( destacándose entre estos sobre todo instalaciones petroleras e infraestructura de hidrocarburos) en detrimento de salvaguardar preceptos constitucionales fundamentales que garantizarían la seguridad y bienestar de las comunidades con enfoques diferenciales de prevención y protección, lo que se traduce en una percepción generalizada de inseguridad no solamente material respecto a lo que las comunidades vulnerables deben enfrentar en el territorio de la altillanura respecto de actores armados, sino también de inseguridad jurídica respecto a la expectativa que los campesinos sujetos de reforma agraria tienen, de que por fin se les adjudique en debida forma los predios baldíos sobre los que vienen ejerciendo posesión y explotación económica ininterrumpida durante ya varios años e incluso décadas, cuyos derechos de posesión y mejoras incluso han pasado de padres a hijos y hasta a manos de terceros compradores de buena fe, quienes han tenido que lidiar sendas batallas jurídicas en el marco de la justicia transicional de la ley 1448 de 2011 (ley de víctimas y restitución de tierras) afrontando procesos judiciales a título de opositores para demostrar la buena fe exenta de culpa como método de garantizar su continuidad en algunos predios, este es un aspecto que mencionamos pero en el que no ahondaremos, pues desviaríamos nuestro estudio sobre el acceso a la propiedad de baldíos en la altillanura por parte de campesinos, el anterior tema merece ser tratado y desarrollado en otro trabajo diferente a éste. Mediante el presente trabajo haremos una aproximación critica del fenómeno agrario en la altillanura Colombiana, partiendo de determinar aspectos conceptuales fundamentales, describiendo y analizando las actuaciones de las entidades estatales responsables del manejo de los bienes baldíos en la altillanura colombiana y contextualizando la situación actual de los habitantes de dicho territorio, para plasmarlo a manera de reflexión, al servicio de quien requiera realizar consulta sobre el tema y pueda con la lectura de este texto acercarse a conocer aspectos actuales de la realidad agraria en esta porción territorial del oriente colombiano
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III) La definición de derechos históricos de comunidades indígenas (creación o ampliación de resguardos) y titulación colectiva a comunidades negras y IV) Adjudicación de subsidios integrales. Lo anterior sin perjuicio de lo que actualmente sucede en la altillanura colombiana en tratándose de los predios baldíos que están siendo ocupados y explotados por campesinos que en esencia son sujetos de reforma agraria pero que al parecer no figuran en el radar del estado para ser beneficiarios de títulos traslaticios mediante los cuales puedan formalizar la tan anhelada propiedad, a quienes les ha tocado vivir generacionalmente etapas cruentas del conflicto armado colombiano y ahora el presente acápite de la historia nacional llamado posconflicto, que lejos de brindarles una seguridad jurídica y una estabilidad socio cultural en un contexto de paz estable y duradera se han visto abocados a enfrentarse a un nuevo escenario de riesgo para su integridad personal, la de sus familias y las de sus comunidades, en el marco de una tenue gestión de la Agencia Nacional de Tierras ANT y una lánguida presencia estatal en territorios apartados en los que solamente la institucionalidad se ocupa de custodiar los llamados activos estratégicos ( destacándose entre estos sobre todo instalaciones petroleras e infraestructura de hidrocarburos) en detrimento de salvaguardar preceptos constitucionales fundamentales que garantizarían la seguridad y bienestar de las comunidades con enfoques diferenciales de prevención y protección, lo que se traduce en una percepción generalizada de inseguridad no solamente material respecto a lo que las comunidades vulnerables deben enfrentar en el territorio de la altillanura respecto de actores armados, sino también de inseguridad jurídica respecto a la expectativa que los campesinos sujetos de reforma agraria tienen, de que por fin se les adjudique en debida forma los predios baldíos sobre los que vienen ejerciendo posesión y explotación económica ininterrumpida durante ya varios años e incluso décadas, cuyos derechos de posesión y mejoras incluso han pasado de padres a hijos y hasta a manos de terceros compradores de buena fe, quienes han tenido que lidiar sendas batallas jurídicas en el marco de la justicia transicional de la ley 1448 de 2011 (ley de víctimas y restitución de tierras) afrontando procesos judiciales a título de opositores para demostrar la buena fe exenta de culpa como método de garantizar su continuidad en algunos predios, este es un aspecto que mencionamos pero en el que no ahondaremos, pues desviaríamos nuestro estudio sobre el acceso a la propiedad de baldíos en la altillanura por parte de campesinos, el anterior tema merece ser tratado y desarrollado en otro trabajo diferente a éste. Mediante el presente trabajo haremos una aproximación critica del fenómeno agrario en la altillanura Colombiana, partiendo de determinar aspectos conceptuales fundamentales, describiendo y analizando las actuaciones de las entidades estatales responsables del manejo de los bienes baldíos en la altillanura colombiana y contextualizando la situación actual de los habitantes de dicho territorio, para plasmarlo a manera de reflexión, al servicio de quien requiera realizar consulta sobre el tema y pueda con la lectura de este texto acercarse a conocer aspectos actuales de la realidad agraria en esta porción territorial del oriente colombianoMuch has been decided on the conflict surrounding access to land in Colombia, several agrarian reforms of transcendental importance have realized the interest of the governments in power to provide solutions to this phenomenon, agrarian reforms embodied in laws such as: Law 200 of 1936, Law 135 of 1961 and Law 160 of 1994, have developed different regulatory frameworks that have pursued similar objectives that can be synthesized in four key components I) Land redistribution programs, in three modalities: by purchase, by expropriation and by transfer of land through the National Agrarian Fund (FNA). II) The formalization of rights acquired through the tradition of possession (titling of wasteland) and colonization. III) The definition of historical rights of indigenous communities (creation or extension of safeguards) and collective titling to black communities and IV) Award of integral subsidies. The foregoing without prejudice to what is currently happening in the Colombian highlands in the case of vacant lots that are being occupied and exploited by peasants who are essentially subject to agrarian reform but who apparently do not appear on the state radar to be beneficiaries of translational titles through which they can formalize the long-awaited property, who have had to live generationally bloody stages of the Colombian armed conflict and now the present section of the national history called post-conflict, which far from providing legal security and socio-cultural stability in In a context of stable and lasting peace, they have been faced with facing a new risk scenario for their personal integrity, that of their families and those of their communities, within the framework of a tenuous management of the National Land Agency ANT and a languid state presence in remote territories where only the institutions are occupies the custody of the so-called strategic assets (especially among these, especially oil facilities and hydrocarbon infrastructure) to the detriment of safeguarding fundamental constitutional requirements that would guarantee the safety and welfare of communities with differential approaches to prevention and protection, which translates into a generalized perception of insecurity not only material regarding what vulnerable communities must face in the highland territory with respect to armed actors, but also of legal insecurity regarding the expectation that peasants subject to agrarian reform have, that finally I assigned them in due form the vacant lots on which they have been exercising possession and uninterrupted economic exploitation for several years and even decades, whose rights of possession and improvements have even passed from parents to children and even to third-party buyers of good f e, who have had to deal with legal battles in the framework of the transitional justice of the law 1448 of 2011 (victims and land restitution law) facing legal proceedings in the capacity of opponents to demonstrate good faith free of guilt as a method of guarantee its continuity in some properties, this is an aspect that we mentioned but in which we will not delve, because we would divert our study on the access to the property of vacant lots in the loft by peasants, the previous subject deserves to be treated and developed in another I work differently from this one. Through this work we will make a critical approximation of the agrarian phenomenon in the Colombian highlands, starting from determining fundamental conceptual aspects, describing and analyzing the actions of the state entities responsible for the management of vacant assets in the Colombian highlands and contextualizing the current situation of the inhabitants of said territory, to reflect it as a reflection, at the service of those who require consultation on the subject and can read this text to get to know current aspects of agrarian reality in this part of eastern ColombiaEspecialista en Derecho Administrativohttp://www.ustavillavicencio.edu.co/home/index.php/unidades/extension-y-proyeccion/investigacionEspecializaciónapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásFacultad de DerechoFacultad de DerechoAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Acceso a la propiedad rural en la altillanura colombiana, formalización de la tenencia de la tierrabachelor thesisTesis de especializacióninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisLand reformRural propertyLand tenurePeace agreementBarrensLand restitutionAcuerdo de pazReforma agrariaTenencia de la tierra - LegislaciónDerecho administrativoTesis y disertaciones académicasReforma agrariaPropiedad ruralTenencia de la tierraAcuerdo de pazBaldiosRestitución de tierrasCRAI-USTA VillavicencioConstitución Política de Colombia [Const]. (7 de Julio de 1991). Obtenido de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125Corrales, E., & Forero, J. (2012). La economía campesina y la sociedad rural en el modelo neoliberal de desarrollo. Cuadernos de Agroindustria y economía rural, págs.55-71. Obtenido de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/3348/2548Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-426 (MP.María Victoria Calle Correa 11 de agosto de 2016). Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/SU426-16.htmCorte Constitucional de Colombia, Sentencia C-077 (MP.Luis Ernesto Vargas Silva 8 de febrero de 2017). Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-077-17.htmDecreto 1396. (2 de agosto de 2018). por el cual se aprueba la Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social Zidres, en el municipio de Puerto López, Meta. Bogotá, Colombia: Diario Oficial No.50673. 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