Responsabilidad del estado colombiano por posibles daños a la salud a causa de la implementación de la vacuna contra el virus covid 19.

Con la rápida expansión del virus COVID -19 desde finales del año 2019, se hizo necesario que las organizaciones farmacéuticas privadas más importantes del mundo, así como los gobiernos de los países más afectados, incluso a Organización Mundial de la Salud, pusieran en marcha planes de contingencia...

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Autores:
Cely Gomez, Sara Camila
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
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covid 19
patrimonial and non-contractual liability of the state
Covid 19
Ley 2064 de 2020
Pandemia
Responsabilidad patrimonial y extracontractual del estado
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 26 de septiembre de 2013, Radicación 05001-23-31-000-1995-00971-01(27302). Consejero Ponente Enrique Gil Botero. Bogotá D.C. Colombia.
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De igual forma, a la par de estas medidas de contención y prevención, se hizo necesaria la investigación y desarrollo en estado de emergencia sanitaria mundial, de una vacuna que cumpliera con los estándares mínimos de eficacia y seguridad para ser aplicada en seres humanos con la finalidad de erradicar la pandemia por medio de la inmunidad de rebaño. Siendo la situación tan apremiante, no sólo por factores sanitarios, sino además por el impacto socioeconómico que ha tenido mundialmente, la carrera científica por la creación de una vacuna contra el COVID-19 hace que las vacunas creadas en la actualidad y aplicadas a la población mundial, se den en un marco de emergencia y, por consiguiente, que su aplicación en masa se dé dentro de la etapa experimental de las mismas. Por esta razón surge la necesidad de determinar, por lo menos en territorio colombiano, si el Estado es responsable de los efectos secundarios ocasionados a las personas que con ocasión de la vacunación contra COVID-19 sufran daños y perjuicios en la salud, integridad física, psíquica o en la vida misma. Se buscará entonces, determinar la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños que se puedan ocasionar como consecuencia de la vacunación contra COVID-19, así como el régimen indemnizatorio que existe frente a esta contingencia a la luz del marco normativo y jurisprudencial (si este último ya existe) relacionado con el esquema de vacunación establecido por el Gobierno Nacional en este Estado de Emergencia Sanitaria y EcológicaWith the rapid expansion of the COVID -19 virus since the end of 2019, it became necessary for the world's largest private pharmaceutical organizations, as well as the governments of the most affected countries, including the World Health Organization, to put in place plans of contingency and prevention against a virus that triggered the pandemic that the world community continues to experience on the day of the presentation of this project. Similarly, along with these containment and prevention measures, research and development became necessary in a state of global health emergency, of a vaccine that met the minimum standards of efficacy and safety to be applied in humans with the to eradicate the pandemic through herd immunity. Since the situation is so pressing, not only due to health factors, but also due to the socioeconomic impact it has had worldwide, the scientific race for the creation of a vaccine against COVID-19 means that the vaccines currently created and applied to the population worldwide, are given in an emergency framework and, consequently, that their mass application takes place within the experimental stage of the same. For this reason, the need arises to determine, at least in Colombian territory, whether the State is responsible for the secondary effects caused to people who, due to vaccination against COVID-19, suffer damages to their health, physical integrity, mentally or in life itself. It will then be sought to determine the non-contractual liability of the State for the damages that may be caused as a result of vaccination against COVID-19, as well as the compensation regime that exists against this contingency in light of the regulatory and jurisprudential framework (if the latter already exists) related to the vaccination scheme established by the National Government in this State of Sanitary and Ecological EmergencyAbogadoPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado DerechoFacultad de DerechoAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Responsabilidad del estado colombiano por posibles daños a la salud a causa de la implementación de la vacuna contra el virus covid 19.pandemiclaw 2064 of 2020covid 19patrimonial and non-contractual liability of the stateCovid 19Ley 2064 de 2020PandemiaResponsabilidad patrimonial y extracontractual del estadoTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA TunjaBlank, A. y Rodríguez, E. (2004). Derechos humanos y consentimiento informado en las investigaciones biomédicas en Colombia. Corporación Editora Médica del Valle. Colombia.Dávila, O. (2019). Análisis Jurisprudencial del Consejo de Estado de los riesgos de responsabilidad patrimonial extracontractual por actividades médico sanitarias en Colombia. Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C.De Abajo, F. (2001). La declaración de Helsinki VI: una revisión necesaria, pero ¿suficiente? Revista Especializada de Salud Pública Vol. 75, No. 5. Madrid: España.De Zubiría, A. (2010). El Estado de Emergencia Social. Criterio Jurídico Garantista, Año 2 – No. 2 – Enero-Junio de 2010. Colombia.Ferrer, M. y García P. (1999). ¿Vigencia del código de Núremberg después de cincuenta años? Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. EspañaFigueroa, G. (2016). La Responsabilidad internacional agravada del Estado colombiano. 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Sentencia del 20 de febrero de 1989. Expediente: 4655 (97). C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo.Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de marzo de 1990, Exp. 3.510, M. P. Antonio de Isarri Restrepo.Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 1991, Exp. 6453. M. P. Carlos Betancur Jaramillo.Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993. Expediente: 8163. C.P. Juan de Dios Montes Hernández.Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de marzo de 2008, Exp. 16.530, M. P. Mauricio Fajardo GómezConsejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, Exp. 21.115 y de 23 de agosto de 2012, Exp. 24.392 ambas con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón.Consejo de Estado, sentencia del 29 de octubre de 2012, Exp. 18.472, C. P. Danilo Rojas Betancourth.Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 26 de septiembre de 2013, Radicación 05001-23-31-000-1995-00971-01(27302). Consejero Ponente Enrique Gil Botero. Bogotá D.C. Colombia.Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. (2013). Sentencia Exp. 30283 de agosto 29. C.P Danilo Rojas Betancourth.Consejo de Estado en Sentencia 25000232600019951136901 (27771), del 10 de septiembre de 2014. Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón.Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia Radicación 25000-23-26-000-2004-02010-01(41390). 26 de abril de 2018.Consejera Ponente María Adriana Marín.Consejo Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Colombia de 1886, agosto 5. Bogotá D.C. Colombia.Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión. (2017). Sentencia T-365 de 2017, Expediente No. T- 5.190.041, 2 de junio de 2017. Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.Corte Constitucional, Sala Plena. 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