El principio de legalidad en el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales (2020)
El análisis de los casos por Contratos sin cumplimiento de los requisitos legales es interesante si se tiene en cuenta el gran volumen de personas que han sido procesados sin atender el principio de legalidad. Tal y como se manifiesta en el artículo primero de la Constitución Política, Colombia es una Estado organizada en forma de Estado Social de Derecho, lo que significa que en ella prevalecen las garantías y los derechos fundamentales de sus habitantes. La prevalencia de las libertades individuales como forma de garantizar la dignidad humana y los demás derechos humanos que han sido reconocidos por el bloque de constitucionalidad, se hace evidente únicamente a través del respecto por el derecho al debido proceso, el cual se traduce en ultimas en la primacía del principio de legalidad en cada una de las actuaciones del Estado a través de sus funcionarios públicos. Los principios jurídicos son aplicables a todos los procedimientos administrativos y judiciales dados la necesidad de garantizar la prevalencia de los fines del Estado respecto a las garantías y protección de los derechos fundamentales. Al tratarse de mandatos de optimización propiamente dichos, utilizados para interpretar las normas, sirven a las autoridades jurisdiccionales para definir la solución a un caso concreto. En lo que respecta al principio de legalidad, este se presenta como un límite a la administración de justicia y al ejercicio de la administración pública, con el propósito de que se respeten no solo las formas propias de cada procedimiento, sino también el actuar de los servidores públicos en las funciones que por mandato constitucional y legal se les han asignado. Pese a que se encuentra establecido en el artículo 29 de la Constitución Política y a su estrecha relación con el debido proceso, el principio de legalidad no se ve implementado especialmente en los procesos penales. Aun cuando el artículo 6 de la Ley Penal manifiesta su obligatorio cumplimiento, la realidad es que en el ejercicio jurisdiccional no se hace efectivo, especialmente cuando se ve enfrentado a casos de tipos penales en blanco, donde la interpretación de la ley por parte del investigador y del fallador debe ser extensiva por cuanto implica la remisión a normas de carácter extrapenal. Este es el caso del delito de Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, como tipo penal en blanco que obliga tanto a los fiscales como a los jueces a acudir a otras normas como el código civil y la ley 80 para complementar lo que la ley penal no configura por completo en la estructuración del tipo. La comprensión de asuntos como la teoría general del contrato estatal, desde sus orígenes hasta el concepto mismo de convención, las modalidades en que este puede presentarse en el ordenamiento jurídico, los requisitos que ha establecido la ley para que este sea válido y eficaz, pasando por el estudio desde lo constitucional de la forma como es concebido el principio de legalidad, son de vital importancia para comprender las consecuencias de iniciar un proceso de responsabilidad, bien sea penal, disciplinaria o fiscal, por el delito de Contrato sin Cumplimiento de los requisitos, partiendo de la necesidad de aplicar los postulados del debido proceso en el ejercicio de las funciones que intervienen en cada uno de ellos. El planteamiento del problema gira en torno a la necesidad de aplicar el principio de legalidad estricta a los procesos penales adelantados por violación al delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Para lo cual es necesario realizar la precisión de que se trata de un delito de conducta alternativa que puede presentarse de tres formas: Tramitar, Celebrar o Liquidar, todas ellas atentando contra la función pública y el patrimonio del Estado en algunos casos, tal y como se expondrá más adelante. En efecto, la necesidad de llevar a cabo contratos con que cumplan con el lleno de los requisitos legales, de cara con la realidad en la ilegalidad de los procesos es un tema que requiere determinar las características de la legalidad y su finalidad en el ordenamiento jurídico, con el propósito de que sea más fácil para el fallador el ejercicio de su labor. La inaplicabilidad en los procedimientos de un principio tan importante como el de legalidad, genera consecuencias que desestabilizan la administración de justicia, en el sentido que no solo viola los derechos fundamentales de los procesados, sino además porque desestabiliza la seguridad jurídica y la confianza en el ordenamiento jurídico, máxime si se tiene en cuenta todos los procesos que se adelantan tienen por objeto proteger las garantías de quienes en el actúan, bien sean particulares o sujetos de derecho público como el Estado. Así una indebida aplicación de este principio o la simple ignorancia del mismo generarían como consecuencia una afectación en el funcionamiento de la estructura del Estado porque podría concluir hasta en indemnizaciones por indebido funcionamiento de la administración de justicia, ocasionando así un daño en el patrimonio público, todo lo cual se harán especificaciones venideras.