La criminalización de la protesta social en Colombia. Un pliego de inconstitucionalidades e imprecisiones (2020)
La cuestión de argumentar la inconstitucionalidad de la criminalización del fenómeno político de la protesta social se hace necesario teniendo en cuenta que Colombia históricamente ha sido un estado plagado de problemas sociales y económicos que no precisamente son coyunturales o pasajeros, sino por el contrario son una constante resultado de las vastas administraciones de la élite local y seleccionada que opera inadecuadamente sosteniendo en su espalda la mancilla y el yugo de la corrupción. Los personajes victimas de dicha problemática socioeconómica por lo general hacen parte de la población más vulnerable y sin recursos del país, como por ejemplo la clase obrera, el campesinado, las poblaciones indígenas, comunidades estudiantiles de diferentes universidades generalmente públicas. La clase obrera históricamente ha tenido que establecer diferentes modelos de lucha y protesta en contra de las precarias condiciones laborales a las que se ven sometidos por parte de los patronos; por otra parte el campesinado colombiano se ha visto afectado considerablemente por las diferentes consecuencias que ha traído el fenómeno la globalización, como las aperturas de los mercados y los tratados de libre comercio (este quizás siendo el más pernicioso ya que los bajos precios de las importaciones han hecho que los campesinos en la actualidad estén prácticamente en la ruina).