La vulneración del principio de confianza legitima en la responsabilidad patrimonial del estado por la privación injusta de la libertad en Colombia ante la variación del precedente jurisprudencial

El Estado de acuerdo a su organización y estructura se encarga de administrar y gobernar a través de un conjunto de órganos y entes el funcionamiento del poder público de una nación que actúan de acuerdo a ciertos principios, leyes y normas, por medio de órganos estatales que ejercen el poder público nacional para la administración de justicia, los cuales a saber en la República de Colombia son: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, por lo que directamente le compete la responsabilidad importante y primordial de reparar los daños por los hechos lícitos y antijurídicos que ocasionen sus órganos, visto y desarrollado actualmente desde el fundamento Constitucional del Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia 1991. Se considera que hay una privación injusta de la libertad cuando se le restringe la libertad a una persona en un proceso penal llevado a cabo por las autoridades competentes conforme a los procedimientos establecidos en la ley, y, no obstante, a que la investigación penal se desarrolló oportunamente, al terminar el proceso, éste concluye con una sentencia absolutoria. La violación del principio de confianza legítima se ha llegado a presentar en casos de privación injusta de libertad frente al procedimiento contencioso administrativo vía reparación directa, en donde el administrado tenía la expectativa de que sus pretensiones fueran despachadas favorablemente con el argumento del precedente judicial vigente al momento de interponer su demanda, pero el mismo cambia y no se tiene en cuenta aquel en la sentencia y dentro del trámite judicial lo que va en detrimento de los derecho solicitados por el demandante. En relación con lo planteado el Estado tiene obligación de brindar mecanismos que permitan al administrado tener un período de ajustes ante la nueva situación, por lo tanto, si esto no se hubiera hecho, el afectado tendría la oportunidad de apelar ante la jurisdicción contenciosa administrativa esta decisión. Tal comparación permite vislumbrar el carácter específico del principio de confianza legítima, pues se advierte que cada caso de aplicación tiene sus propias circunstancias y sus respectivos marcos de acción.

• Autores: Gomez Ustaris, Elber Enrique
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Universidad Santo Tomás
• Repositorio: Repositorio Institucional USTA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.usta.edu.co:11634/31996
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11634/31996
• Palabra clave: Legitimate expectations; Jurisprudential precedent; State responsibility; Administration of justice; Administración de justicia; Jurisdicción; Derecho comparado - estudios de casos; Responsabilidad administrativa; Responsabilidad del estado; Derecho administrativo; Responsabilidad del Estado; Precedente jurisprudencial; Confianza legítima; Administración de justicia
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