La culpabilidad de las personas jurídicas en el sistema penal colombiano ¿una propuesta garantista? (2021)
En la moderna sociedad postindustrial las personas jurídicas han adquirido un rol preponderante, ya que, al intervenir cada vez con más fuerza en las relaciones económicas se han convertido en su protagonista decisivo. Esto ha propiciado el desarrollo de novedosas formas de criminalidad que encuentran en las personas jurídicas su epicentro, situación que demanda de los Estados la adopción de mecanismos eficaces para combatirla, a fin de procesar ora a las personas físicas que cometan alguno de estos innovadores delitos, ora a las personas jurídicas en cuyo seno se realicen. No obstante, en vista de que las categorías elementales del derecho penal han sido construídas para las personas naturales, se han producido vehementes discusiones dogmáticas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así, hay quienes afirman la vigencia del principio societas delinquere non potest, con el que se niega la posibilidad de que las personas jurídicas puedan delinquir y, por consiguiente, que puedan ser llamadas a responder penalmente. En contraste, otros teoricos consideran que esta discusión ya fue resuelta en sentido afirmativo, es decir, postulan que las personas jurídicas sí pueden delinquir y, que el centro de la discusión debe ser la determinación de los fundamentos de su responsabilidad penal. Sin embargo, establecer un concepto sólido de culpabilidad predicable únicamente de las personas jurídicas ha sido uno de los grandes retos que los defensores de éste régimen han tenido que afrontar. En ese sentido, se han postulado diversos fundamentos para sostener un concepto de culpabilidad propio de las personas jurídicas, unos aluden al defectuoso carácter empresarial, otros a la deficiente conducción de la actividad de la empresa a lo largo del tiempo, a una ética social reprochable, a la falta de organización, etcétera; teorías analizadas en este texto con el objetivo de determinar de lege ferenda la viabilidad de su incorporación en el ordenamiento jurídico-penal colombiano a partir de la consideración de los principios y garantías que deben orientar el ejercicio del ius puniendi del Estado.