Informe sobre la violación del artículo 5.2 de la convención para la prohibición de las minas antipersonal por parte del estado Colombiano mediante la utilización de civiles en las acciones de erradicación manual forzosa de cultivos ilícitos

El presente informe surge para hacer visible la situación que viven las personas que ejercen la labor de erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco del Programa de Erradicación Manual Forzosa, liderado por el Gobierno de Colombia, a través de la Agencia para la Acción Social, ahora Departa...

Full description

Autores:
Jiménez Millán, Álvaro
Sáchica Moreno, Carolina
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/43134
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/43134
Palabra clave:
Derechos humanos
garantías constitucionales
Victimas de delitos
Rights
closedAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Description
Summary:El presente informe surge para hacer visible la situación que viven las personas que ejercen la labor de erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco del Programa de Erradicación Manual Forzosa, liderado por el Gobierno de Colombia, a través de la Agencia para la Acción Social, ahora Departamento para la Prosperidad Social, y en el que intervienen distintos actores institucionales. Este involucramiento de personal civil en acciones de erradicación manual forzosa de cultivos ilícitos, puede constituir, en el entendido de los autores, una violación de obligaciones internacionales por parte del Estado Colombiano. El objetivo de este trabajo es poner en evidencia la realidad que viven civiles contratados como erradicadores manuales de cultivos ilícitos y que posteriormente se convierten en víctimas de minas antipersonal y coadyuvar en la promoción de un correctivo que ponga fin a la actuación indebida por parte del Estado Colombiano, mediante el diseño y la aplicación de una rigurosa política encaminada al cumplimiento de obligaciones locales e internacionales, buscando la defensa eficiente y oportuna de los derechos humanos de quienes ejercen el oficio de erradicación manual de cultivos ilícitos y de las víctimas de minas antipersonal en el ejercicio de ésta labor.